Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

 

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

7320 Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio,

de Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de julio,

de Seguridad Aérea.

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

PREÁMBULO

Los cambios experimentados por el mercado de transporte terrestre de viajeros y

mercancías, tanto en el ámbito nacional como en el de la Unión Europea, han aconsejado

llevar a cabo una revisión completa del contenido de la Ley de Ordenación de los

Transportes Terrestres (en adelante LOTT), originalmente aprobado en el año 1987.

Los criterios seguidos en esta revisión han venido marcados por la conveniencia de

mantener el máximo rigor en la condiciones de acceso al mercado de transporte, en la línea

marcada por la reglamentación de la Unión Europea, y, paralelamente, por la de dotar de la

mayor capacidad de autogestión a las empresas que intervienen en dicho mercado.

A tal efecto, se incorporan al texto de la LOTT las nuevas exigencias introducidas por

el Reglamento n.o (CE) 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de

octubre de 2009, por el que se establecen normas comunes relativas a las condiciones

que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera y por

el que se deroga la Directiva 96/26/CE del Consejo, en relación con el cumplimiento de

los requisitos de establecimiento, competencia profesional, capacidad financiera y

honorabilidad de las empresas.

En materia de transporte internacional, se ha optado, básicamente, por remitir a las

reglas contenidas en los Reglamentos (CE) n.o 1072/2009 y (CE) n.o 1073/2009 del

Parlamento Europeo y del Consejo, ambos de 21 de octubre de 2009, por los que,

respectivamente, se establecen normas comunes de acceso al mercado del transporte

internacional de mercancías por carretera y al mercado internacional de los servicios de

autocares y autobuses, así como a las que, en su caso, resulten de aplicación de los

convenios internacionales suscritos por España.

Cabe destacar alguna modificación especialmente significativa en relación con

determinadas formas de transporte. Así, se adapta el régimen de gestión de los

transportes públicos regulares de viajeros de uso general por carretera y ferrocarril a las

reglas contenidas en el Reglamento (CE) n.o 1370/2007 del Parlamento Europeo y del

Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros

por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 1191/69 y

(CEE) n.o 1170/70 del Consejo. Se articulan y armonizan, además, las reglas específicas

propias de este régimen con la legislación general sobre contratos del sector público,

reforzando el carácter contractual de la relación entre el gestor del servicio y la

Administración titular de éste.

En relación con otra materia totalmente distinta, puede significarse el encuadramiento

definitivo de la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor como una

modalidad concreta de transporte discrecional de viajeros en vehículos de turismo, a la

que, en consecuencia, le son de aplicación todas las reglas referidas a la actividad de

transporte y no las señaladas para las actividades meramente auxiliares y complementarias

del transporte, como sería el caso del arrendamiento de vehículos sin conductor, con el

que poco o nada tiene que ver.

Por fin, se redefinen las distintas actividades auxiliares y complementarias del

transporte de mercancías para adecuarlas a la realidad actual del mercado, incluyendo la

figura del operador logístico, anteriormente no prevista en la LOTT.

En el ámbito mercantil, se consagran los principios de libertad de contratación y de

explotación de las actividades de transporte a riesgo y ventura del empresario, salvo que

se trate de servicios públicos de transporte de viajeros de titularidad de la Administración,

y se refuerza la capacidad de actuación de las Juntas Arbitrales del Transporte.

Se reducen las barreras operativas, liberalizando plenamente la intermediación en la

contratación de transportes de viajeros, sin perjuicio de la regulación de las agencias de

viajes en el ámbito turístico, y se flexibilizan los límites que separan la actuación de

transportistas y operadores de transporte en el mercado de transporte de mercancías.

Por último, se ha de destacar la reducción de cargas administrativas que propicia esta

modificación de la LOTT, tanto para las empresas que operan en el sector como para la

propia Administración. Así, se da una nueva dimensión al Registro de Empresas y

Actividades de Transporte que, unida a su coordinación con el Registro Mercantil,

permitirá avanzar rápidamente en la supresión de trámites formales y de exigencias

documentales para la obtención de los títulos que habilitan para la realización de las

actividades y profesiones del transporte.

Por su parte, la obligación de que las empresas cuenten con un equipamiento

informático mínimo también contribuirá notablemente a que pueda avanzarse hacia el

establecimiento, en el medio plazo, de una tramitación estrictamente telemática de

cualquier procedimiento ante los órganos de la Administración Pública competentes en

materia de transporte.

Artículo primero. Modificación de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los

Transportes Terrestres.

La Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres queda

modificada en los siguientes términos:

Uno. El punto 1 del artículo 1 queda redactado en los siguientes términos:

«1. Se regirán por lo dispuesto en esta ley:

1.o Los transportes por carretera, considerándose como tales aquellos que se

realicen en vehículos de motor o conjuntos de vehículos que circulen sin camino de

rodadura fijo, y sin medios fijos de captación de energía, por toda clase de vías

terrestres, urbanas o interurbanas, de carácter público y, asimismo, por las de

carácter privado cuando el transporte sea público.

2.o Los transportes por ferrocarril, considerándose como tales aquellos que se

realicen mediante vehículos que circulen por un camino de rodadura fijo que les

sirva de sustentación y de guiado.

3.o Las actividades auxiliares y complementarias del transporte,

considerándose como tales, a los efectos de esta ley, las desarrolladas por las

agencias de transportes, los transitarios, los operadores logísticos, los almacenistas-
distribuidores y las estaciones de transporte de viajeros y centros de transporte y

logística de mercancías por carretera o multimodales. Asimismo, tendrá esta

consideración el arrendamiento de vehículos de carretera sin conductor.»

Dos. El artículo 2 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 2.

La presente ley será de aplicación a los transportes y actividades auxiliares y

complementarias de los mismos cuya competencia corresponda a la Administración

General del Estado.

Su aplicación a los demás transportes se efectuará en los términos previstos en

la disposición final segunda.»

Tres. El artículo 17 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 17.

1. Las empresas transportistas o de actividades auxiliares o complementarias

del transporte llevarán a cabo su actividad con plena autonomía económica,

gestionándola a su riesgo y ventura.

2. No obstante, en la explotación de aquellos transportes a los que esta ley

atribuye el carácter de servicios públicos de titularidad de la Administración se

aplicarán las disposiciones de la Unión Europea en materia de servicios públicos

de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y, en su caso, lo dispuesto en la

legislación sobre contratos del sector público sobre régimen económico del contrato

de gestión de servicios públicos.»

Cuatro. Los puntos 1, 2 y 3 del artículo 19 quedan redactados en los siguientes

«1. El régimen tarifario de los servicios públicos de transporte de viajeros de

titularidad de la Administración vendrá determinado en los correspondientes

contratos de gestión de servicio público.

2. La estructura de la tarifa de los transportes señalados en el punto anterior

se ajustará a las características del servicio de que en cada caso se trate, teniendo

en cuenta lo que al efecto se determina en esta ley y en las disposiciones de la

Unión Europea en materia de servicios públicos de transporte de viajeros por

ferrocarril y carretera, y, en su caso, en las normas reglamentarias dictadas para su

ejecución y desarrollo.

Las tarifas así establecidas, junto con las demás compensaciones, económicas

o de otra índole, a que, en su caso, tenga derecho el contratista, deberán cubrir la

totalidad de los costes de explotación del transporte en las condiciones señaladas

en el correspondiente contrato de gestión de servicio público y permitirán una

adecuada amortización de aquellos activos necesarios para su prestación y que

hayan de ser aportados por el contratista, así como, un razonable beneficio

empresarial, en circunstancias normales de productividad y organización. A tal

efecto, la Administración deberá desestimar la contratación de tales servicios con

quienes oferten prestarlos aplicando precios que no cumplan la referida condición.

La desestimación de una oferta no se hará sin permitir su justificación por parte del

licitador que la presentó.

3. La Administración podrá revisar individualizadamente el régimen tarifario

de un determinado contrato de gestión de servicio público, bien de oficio o a

instancia del contratista, cuando las partidas que integran su estructura de costes

hayan sufrido una variación que altere significativamente, al alza o a la baja, el

equilibrio económico del contrato.

En la referida revisión se descontarán, en todo caso, aquellos costes cuya

cuantía dependa, en todo o en parte, de la gestión del contratista.»

Cinco. Se suprime el punto 4 del artículo 19, que queda sin contenido.

Seis. Los puntos 6 y 7 del artículo 19 quedan redactados en los siguientes términos:

«6. La tarifa de un servicio público de transporte de viajeros de titularidad de la

Administración no podrá ser revisada hasta que el contratista que lo gestione haya

cumplido cuantas obligaciones le incumban hasta ese momento en orden a aportar

a la Administración aquellos datos estadísticos, documentos contables o informes

que resulten preceptivos conforme a lo que reglamentariamente se determine.

Cuando la Administración detecte una omisión, error o falsedad en los datos o

documentos aportados por el contratista, deberá rectificar, de oficio, cuantas

revisiones de la tarifa se hubiesen realizado partiendo de aquéllos, ajustándolas a

los datos reales.

Lo dispuesto en este punto deberá entenderse sin perjuicio de la imposición de

las sanciones a que, en su caso, haya lugar.

7. A efectos de contabilidad, las empresas contratistas de servicios públicos

de transporte de viajeros de titularidad de la Administración, deberán tratar cada

uno de ellos como una actividad separada, gestionándola como una división

contable independiente y distinta de cualquier otra que realicen, esté o no

relacionada con el transporte de viajeros.

El resultado de la segregación realizada se plasmará, anualmente, en una

cuenta analítica de explotación verificada por un experto independiente.

Los Ministros de Fomento y de Economía y Competitividad podrán establecer,

mediante orden conjunta, las especificaciones que, en su caso, consideren

pertinentes para el exacto cumplimiento de lo dispuesto en este punto.»

Siete. El artículo 20 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 20.

De conformidad con lo que se dispone en la reglamentación de la Unión

Europea sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y

carretera, se consideran obligaciones de servicio público las exigencias

determinadas por la Administración a fin de garantizar los servicios públicos de

transporte de viajeros de interés general que un operador, si considerase

exclusivamente su propio interés comercial no asumiría o no asumiría en la misma

medida o en las misma condiciones sin retribución.

La declaración e imposición de obligaciones de servicio público en relación con

los transportes terrestres se regirá por lo dispuesto en esta ley y en la

reglamentación comunitaria anteriormente citada, así como en las normas

reglamentarias dictadas para la ejecución y desarrollo de tales disposiciones.»

Ocho. El artículo 21 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 21.

1. En todo transporte público de viajeros, los daños que sufran éstos estarán

cubiertos por el seguro obligatorio de viajeros, en los términos que establezca la

legislación específica sobre la materia.

2. En los transportes en autobús y autocar, el transportista responderá de las

obligaciones establecidas frente a los viajeros, en los términos previstos en el

Reglamento (UE) n.o 181/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de

febrero de 2011, sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar y por el

que se modifica el Reglamento (CE) n.o 2006/2004, en la medida en que éstas no

estén cubiertas íntegramente por el seguro obligatorio de viajeros, por el seguro de

responsabilidad civil de suscripción obligatoria previsto en el texto refundido de la

Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor,

aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, o por cualquier

otro seguro.

3. El importe de los seguros previstos en este artículo, tendrá la consideración

de gasto de explotación, y será por tanto, repercutible en las correspondientes

Nueve. El artículo 22 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 22.

1. Únicamente podrá contratar la realización de servicios de transporte

terrestre de mercancías en concepto de porteador, y emitir facturas en nombre

propio por su prestación, quien previamente sea titular de una licencia o autorización

que habilite para realizar transportes de esta clase o, en otro caso, de una

autorización de operador de transporte de mercancías.

2. Como regla general, los servicios de transporte terrestre de viajeros podrán

ser contratados y facturados por todos aquellos que sean titulares de una licencia o

autorización de transporte público que habilite para la realización de esta clase de

No obstante, la prestación de aquellas modalidades de transporte de viajeros

que tengan atribuido el carácter de servicio público de titularidad de la

Administración sólo podrá ser contratada en concepto de porteador por el

contratista a quien el órgano competente hubiese adjudicado su gestión o, en su

caso, por el ente, organismo o entidad que la Administración competente haya

creado para la gestión o coordinación de esa clase de servicios.

La intervención de agencias de viajes y otros intermediarios en la contratación

de cualesquiera modalidades de transporte de viajeros se regirá por la legislación

específica de turismo. Sin perjuicio de ello, las cooperativas de transportistas y

sociedades de comercialización podrán intermediar, en todo caso, en la contratación

de transportes discrecionales de viajeros que vayan a ser prestados por aquellos

de sus socios que sean titulares de autorización de transporte de viajeros.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los puntos anteriores, cuando se trate de

alguna modalidad de transporte cuya realización se encuentre legal o

reglamentariamente eximida de la obtención de una licencia o autorización de

transporte público, los servicios también podrán ser contratados y facturados por el

titular de la organización empresarial mediante la que materialmente se lleven a cabo.»

Diez. El artículo 23 queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 23.

En el transporte de viajeros por carretera, la responsabilidad de los

transportistas por los daños o pérdidas que sufran los equipajes como consecuencia

de accidentes, salvo que expresamente se pacten unas cuantías o condiciones

más favorables para el viajero, estará limitada a 1.200 euros por pieza de equipaje,

en el caso de transportes incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE)

n.o 181/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011,

sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar y por el que se modifica el

Reglamento (CE) n.o 2006/2004.

En cualquier otro supuesto, la responsabilidad por los daños o pérdidas que

sufran los equipajes estará limitada, salvo que expresamente se pacten unas

cuantías o condiciones más favorables para el viajero, a 450 euros por pieza.

A los efectos anteriormente señalados, se entenderá por equipaje, cualquier

objeto o conjunto de objetos que, a petición del viajero, acompañen a éste durante

el viaje a bordo de la bodega, la baca o remolque del mismo vehículo. Se entenderá

por encargo, cualquier objeto que la empresa transportista se obliga a transportar

por cuenta ajena a bordo del vehículo que realice el servicio de que se trate, cuando

dicho objeto no guarde relación directa con ninguno de los viajeros que ocupan

plaza en el mismo vehículo.

La vigilancia de los bultos de mano corresponderá al viajero al que acompañan y,

en consecuencia, serán de su cuenta los daños que éstos puedan sufrir mientras se

encuentren a bordo del vehículo, salvo que pruebe la responsabilidad de la empresa

transportista, en cuyo caso serán de aplicación las limitaciones anteriormente

previstas en relación con los equipajes. En todo caso, se considerará responsable a

la empresa transportista de la posible pérdida o deterioro de los bultos de mano

ocurrida en algún momento en que, con ocasión de una parada, todos los ocupantes

hubieran abandonado el vehículo sin que, inmediatamente después, el conductor

hubiera cerrado las puertas de acceso al mismo. A tal efecto, se entenderá por bulto

de mano, todo pequeño objeto destinado al abrigo, adorno o uso personal que un

viajero lleve consigo durante el viaje a bordo del habitáculo del vehículo.

En el transporte de viajeros por carretera, el transportista será responsable de

cuantos perjuicios a los viajeros puedan derivarse de su incumplimiento de las

obligaciones y formalidades prescritas por las leyes y reglamentos de las

Administraciones Públicas, así como de las actuaciones que, como consecuencia

de dicho incumplimiento pueda adoptar la Administración, en todo el curso del viaje

y a su llegada al punto de destino, salvo que pruebe que dicho incumplimiento ha

sido consecuencia de una actuación llevada a cabo sin su consentimiento por

alguno de los usuarios o viajeros.

La responsabilidad del transportista, en el caso del transporte de viajeros por

ferrocarril, se determinará de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE)

n.o 1371/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007,

sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril.»

Once. Se suprime el artículo 24, que queda sin contenido.

Doce. El artículo 28 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 28.

1. A los efectos de esta ley, se considera multimodal aquella operación de

transporte mediante la que se trasladan mercancías o viajeros utilizando de forma

simultánea o sucesiva más de un modo de transporte, siendo uno de ellos el

terrestre, con independencia del número de transportistas que intervengan en su

ejecución, siempre que dicha operación se encuentre planificada de forma completa

y coordinada por quien organizó el transporte, ya se trate del cargador, de un

transportista o de un operador de transporte.

2. Reglamentariamente podrán establecerse normas especiales destinadas a

facilitar la realización de transporte multimodal o a promover la comodalidad de los

transportes.»

Trece. Se añade un punto 3 al artículo 35 con la siguiente redacción:

«3. Los Servicios de Inspección de Transporte Terrestre pondrán especial

atención en la vigilancia de aquellas empresas que presenten una mayor frecuencia

infractora, de conformidad con lo que se señale en los planes a que se refiere el

punto anterior y a los criterios que, en su caso, se determinen por la Unión Europea.

En todo caso, los mencionados Servicios vigilarán especialmente el efectivo

cumplimiento de las condiciones que determinaron que una empresa se beneficiase

de la exención de responsabilidad contemplada en el artículo 138.4.»

Catorce. El artículo 36 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 36.

1. El Consejo Nacional de Transportes Terrestres es el órgano superior de

asesoramiento, consulta y debate sectorial de la Administración en asuntos que

afecten al funcionamiento del sistema de transportes.

2. El Consejo estará integrado por expertos designados por la Administración

General del Estado a propuesta de las empresas de transporte por carretera, a

través del Comité Nacional del Transporte por Carretera; de las empresas de

transporte por ferrocarril, a través de sus asociaciones; de los trabajadores de las

empresas transportistas, a través de las centrales sindicales más representativas

en dicho sector; de los usuarios del transporte, a través del Consejo de

Consumidores y Usuarios, de las organizaciones representativas de las personas

con discapacidad y de las asociaciones de empresas usuarias del transporte de

mercancía, así como, en su caso, de las empresas de otros modos de transporte y

de otros sectores de actividad relacionados con el transporte.

Asimismo, la Administración podrá designar directamente a otros consejeros

atendiendo exclusivamente a su competencia profesional, así como a representantes

de la propia Administración especializados en materia de transporte terrestre.

3. Reglamentariamente se determinará la composición concreta del Consejo,

el órgano competente para el nombramiento de sus miembros, así como los

criterios y el procedimiento a través de los que los distintos sectores afectados

propondrán sus candidatos.

4. Los miembros del Consejo no participan en éste en representación del sector

que, en su caso, hubiese propuesto su nombramiento, sino como expertos a título

individual. En consecuencia, no podrán ser representados en las deliberaciones del

Consejo sino por otros consejeros.

Sin perjuicio de ello, el Consejo podrá crear grupos de trabajo, de carácter

permanente o coyuntural, que lo asistan en la elaboración de los estudios previos a

la emisión de sus dictámenes. De estos grupos de trabajo podrán formar parte tanto

consejeros como personas que no lo sean, si bien sus conclusiones sólo se tendrán

en cuenta por la Administración cuando sean refrendadas por el pleno del Consejo.

5. El Consejo Nacional de Transportes Terrestres deberá informar en el

procedimiento de elaboración de los Planes de Transporte y en todos aquellos

otros asuntos en que así se establezca reglamentariamente. El Consejo podrá,

además, proponer a la Administración las medidas que estime oportunas para

mejorar la coordinación y eficacia del sistema de transportes.»

Quince. El párrafo tercero del punto 1 del artículo 38 queda redactado en los

siguientes términos:

«Se presumirá que existe el referido acuerdo de sometimiento al arbitraje de

las Juntas siempre que la cuantía de la controversia no exceda de 15.000 euros y

ninguna de las partes intervinientes en el contrato hubiera manifestado

expresamente a la otra su voluntad en contra antes del momento en que se inicie o

debiera haberse iniciado la realización del transporte o actividad contratado.»

Dieciséis. Se añade un segundo párrafo al punto 3 del artículo 38 con la siguiente

«Reglamentariamente se establecerá un procedimiento simplificado a través

del que las Juntas Arbitrales del Transporte atenderán al depósito y, en su caso,

enajenación de mercancías en los supuestos en que así corresponda de

conformidad con lo dispuesto en la legislación reguladora del contrato de transporte

Diecisiete. Se suprime el punto 2 del artículo 41, que queda sin contenido.

Dieciocho. El artículo 42 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 42.

1. La realización de transporte público de viajeros y mercancías estará

supeditada a la posesión de una autorización que habilite para ello, expedida por el

órgano competente de la Administración General del Estado o, en su caso, por el

de aquella Comunidad Autónoma en que se domicilie dicha autorización, cuando

esta facultad le haya sido delegada por el Estado.

Como regla general, las autorizaciones de transporte público deberán

domiciliarse en el lugar en que su titular tenga su domicilio fiscal.

No obstante, la autorización podrá domiciliarse en un lugar distinto cuando su

titular justifique que su actividad principal no es la de transporte y que, como

consecuencia, tiene su domicilio fiscal allí donde realiza dicha actividad principal, si

bien cuenta con un establecimiento en el lugar en que pretende domiciliarla, en el

que centralizará su actividad de transporte y cumplirá las exigencias señaladas en

el apartado c) del artículo 43.1.

2. No obstante lo dispuesto en el punto anterior, no será necesaria la previa

obtención de autorización para realizar las siguientes modalidades de transporte:

a) Transporte de viajeros o mercancías realizado en vehículos cuya velocidad

máxima autorizada no supere los 40 kilómetros por hora.

b) Transporte realizado en vehículos que lleven unidos de forma permanente

máquinas o instrumentos tales como los destinados a grupos electrógenos, grúas

de elevación, equipos de sondeo, etc., constituyendo dichas máquinas o instrumentos

el uso exclusivo del vehículo. Esta exención incluirá el transporte a bordo de tales

vehículos de aquellas piezas, herramientas u otros adminículos que resulten

necesarios para el correcto funcionamiento de la máquina o equipo o la adecuada

prestación de los servicios a que se encuentran destinados.

Además, podrá exonerarse reglamentariamente de la obligación de contar con

autorización a quienes realicen exclusivamente otras formas de transporte que

tengan una escasa incidencia en el mercado de transporte, en razón de la

naturaleza de la mercancía transportada, de las cortas distancias recorridas o de la

pequeña capacidad de carga de los vehículos en que se realicen.

3. La exención de la obligación de estar en posesión de autorización en los

casos señalados en el punto anterior no exime a quienes realicen los transportes

afectados del cumplimiento del resto de las exigencias contenidas en esta Ley y en

las normas dictadas para su desarrollo, en los términos en que les resulten de

aplicación, ni de obtener los permisos, licencias o habilitaciones que, en su caso,

procedan de conformidad con la legislación sobre seguridad, sanidad o tráfico,

circulación de vehículos a motor y seguridad vial.»

Diecinueve. El artículo 43 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 43.

1. El otorgamiento de la autorización de transporte público estará

condicionado a que la empresa solicitante acredite, de acuerdo con lo que

reglamentariamente se determine, el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o la de algún otro Estado miembro de la Unión

Europea o, en caso contrario, contar con las autorizaciones exigidas por la

legislación reguladora del régimen general de extranjería para la realización de la

actividad profesional de transportista en nombre propio.

b) Cuando no se trate de una persona física, tener personalidad jurídica

propia e independiente de la de aquellas personas que, en su caso, la integren.

En ningún supuesto podrán otorgarse autorizaciones de forma conjunta a más

de una persona ni a comunidades de bienes. Tampoco se otorgarán autorizaciones

a personas jurídicas sin ánimo de lucro.

Tratándose de personas jurídicas, la realización de transporte público debe

formar parte de su objeto social de forma expresa.

c) Contar con un domicilio situado en España en el que se conserven, a

disposición de los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre, los documentos

relativos a su gestión y funcionamiento que reglamentariamente se determinen.

d) Disponer de uno o más vehículos matriculados en España conforme a lo

que en cada caso resulte exigible de acuerdo con lo que reglamentariamente se

determine, atendiendo a razones de interés general, los cuales deberán cumplir las

condiciones que, en su caso, se establezcan, teniendo en cuenta principios de

proporcionalidad y no discriminación.

e) Disponer de dirección y firma electrónica, así como del equipo informático

necesario para documentar a distancia el contrato y otras formalidades mercantiles

con sus clientes.

f) Cumplir las obligaciones de carácter fiscal, laboral y social exigidas por la

legislación vigente.

g) Cumplir, en su caso, aquellas otras condiciones específicas necesarias

para la adecuada prestación de los servicios que reglamentariamente se

establezcan, atendiendo a principios de proporcionalidad y no discriminación, en

relación con la clase de transporte de que se trate en cada caso.

2. Además de las condiciones señaladas en el punto anterior, cuando la

autorización habilite para la realización de transporte público de viajeros en autobús

o de mercancías en vehículos o conjuntos de vehículos con capacidad de tracción

propia cuya masa máxima autorizada sea superior a 3,5 toneladas, deberán cumplir

los requisitos de establecimiento, honorabilidad, capacidad financiera y

competencia profesional exigidos por la reglamentación de la Unión Europea por la

que se establecen normas comunes relativas a las condiciones que han de

cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera, de

conformidad con lo que en dicha reglamentación se dispone y con lo que en esta

ley y en sus normas de desarrollo se señala para la ejecución de tales disposiciones.

Reglamentariamente se podrá prever, no obstante, algún supuesto en que, a

solicitud del interesado, la Administración podría autorizar que una empresa

continúe funcionando, aunque transitoriamente incumpla alguna de las condiciones

señaladas en este punto, por un plazo que en ningún caso podrá ser superior a

seis meses.»

Veinte. El artículo 44 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 44.

De conformidad con lo dispuesto en la reglamentación de la Unión Europea por

la que se establecen normas comunes relativas a las condiciones que han de

cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera, a fin de

cumplir el requisito de establecimiento a que se refiere el punto 2 del artículo 43,

una empresa deberá:

a) Tener un establecimiento situado en España con locales en los que se

conserven, a disposición de los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre,

los documentos principales de la empresa, en particular sus documentos contables,

los documentos de gestión del personal, los documentos con los datos relativos a

los tiempos de conducción y descanso de los conductores, así como cualesquiera

otros que resulten exigibles en aplicación de lo que se dispone en el apartado c)

del artículo 43.1.

b) Disponer de uno o más vehículos en los términos y condiciones que resulten

de aplicación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43.1, 54.2 y 55.

c) Disponer en los centros de explotación en que la empresa ejerza su

actividad en España del equipamiento administrativo y técnico y de las instalaciones

que resulten adecuados, conforme a lo que reglamentariamente se determine.»

Veintiuno. El artículo 45 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 45.

De conformidad con lo dispuesto en la reglamentación de la Unión Europea por

la que se establecen normas comunes relativas a las condiciones que han de

cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera, a fin de

cumplir el requisito de honorabilidad, ni la empresa ni su gestor de transporte

podrán haber sido condenados por la comisión de delitos o faltas penales ni

sancionados por la comisión de infracciones relacionadas con los ámbitos

mercantil, social o laboral, de seguridad vial o de ordenación de los transportes

terrestres que den lugar a la pérdida de este requisito, de conformidad con lo que

se dispone en esta ley y en la reglamentación de la Unión Europea.»

Veintidós. El artículo 46 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 46.

De conformidad con lo dispuesto en la reglamentación de la Unión Europea por

la que se establecen normas comunes relativas a las condiciones que han de

cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera, a fin de

cumplir el requisito de capacidad financiera, la empresa deberá:

a) Ser capaz de hacer frente permanentemente a sus obligaciones

económicas a lo largo del ejercicio contable anual.

Deberá considerarse que incumplen esta condición quienes hayan sido

declarados insolventes en cualquier procedimiento. Asimismo, deberá considerarse

que la incumplen quienes hayan sido declarados en concurso, salvo que la

Administración competente sobre la autorización de transporte llegue al

convencimiento de que existen perspectivas realistas de saneamiento financiero en

un plazo razonable.

En todo caso, el cumplimiento del requisito se restablecerá desde que la

empresa se encuentre protegida por la eficacia del convenio alcanzado en el

procedimiento concursal.

Por el contrario, no podrá considerarse en ningún caso que el requisito se

cumple desde que el procedimiento concursal entre en la fase de liquidación.

b) Disponer, al menos, de capital y reservas por un importe mínimo de 9.000

euros, cuando se utilice un solo vehículo, y de 5.000 euros más por cada vehículo

adicional utilizado.

No obstante, la Administración podrá aceptar o exigir que una empresa

demuestre su capacidad financiera mediante la garantía prestada por una entidad

financiera o de seguros, que se convertirá en garante solidario de dicha empresa

hasta las cuantías anteriormente señaladas, de conformidad con lo que

reglamentariamente se determine.»

Veintitrés. El artículo 47 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 47.

De conformidad con lo dispuesto en la reglamentación de la Unión Europea por

la que se establecen normas comunes relativas a las condiciones que han de

cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera, a fin de

cumplir el requisito de competencia profesional, la empresa deberá acreditar que

cuenta al menos con una persona física que ejerce las funciones de gestor de

transporte y que, a tal efecto, cumple las siguientes condiciones:

a) Dirigir efectiva y permanentemente las actividades de transporte de la

empresa, conforme a lo que reglamentariamente se determine.

b) Tener un vínculo real con la empresa, conforme a lo que reglamentariamente

se determine.

c) Estar en posesión del certificado expedido por la Administración que

acredite su competencia profesional para el transporte por carretera de viajeros o

mercancías, según corresponda, de conformidad con lo que reglamentariamente

se establezca.

d) Cumplir ella misma, a título personal, el requisito de honorabilidad en los

términos señalados en el artículo 45.»

Veinticuatro. El artículo 48 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 48.

1. El otorgamiento de las autorizaciones de transporte público tendrá carácter

reglado por lo que sólo podrá denegarse cuando no se cumplan los requisitos

exigidos para ello.

2. No obstante, y de conformidad con las normas comunitarias y demás

disposiciones que, en su caso, resulten de aplicación, cuando la oferta de transporte

público de viajeros en vehículos de turismo se encuentre sujeta a limitaciones

cuantitativas en el ámbito autonómico o local, podrán establecerse limitaciones

reglamentarias al otorgamiento tanto de nuevas autorizaciones habilitantes para la

realización de transporte interurbano en esa clase de vehículos como de las que

habilitan para el arrendamiento de vehículos con conductor.»

Veinticinco. El artículo 49 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 49.

1. Con carácter general, las autorizaciones de transporte serán intransferibles,

salvo a favor de los herederos forzosos o el cónyuge del anterior titular, en los

casos de muerte, jubilación o incapacidad física o legal de éste.

2. No obstante lo dispuesto en el punto anterior, reglamentariamente podrá

establecerse la transmisibilidad de las autorizaciones de transporte a favor de

personas distintas a los herederos forzosos o al cónyuge de su anterior titular en

supuestos en que el otorgamiento de aquéllas se encuentre sometido a limitaciones

por razón de la antigüedad de los vehículos a los que, en su caso, hayan de estar

3. Reglamentariamente, podrán establecerse determinadas excepciones

temporales a las exigencias contenidas en el artículo 43, que permitan tener en

cuenta la situación transitoria de la empresa en los supuestos de transmisión de

autorizaciones.»

Veintiséis. El artículo 51 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 51.

1. Las autorizaciones de transporte se otorgarán sin plazo de duración

prefijado, si bien su validez podrá quedar condicionada a su visado periódico,

realizado de oficio, conforme a lo que reglamentariamente se determine.

Mediante el visado, la Administración constatará el mantenimiento de las

condiciones exigidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.

Las autorizaciones que, resultando obligatorio, no hayan sido visadas dentro

del plazo establecido perderán automáticamente su validez, sin necesidad de una

declaración expresa de la Administración en ese sentido.

Asimismo perderán su validez cuantas otras habilitaciones para el ejercicio de

la actividad del transporte se hubiesen obtenido bajo la condición de la vigencia de

2. Reglamentariamente podrán establecerse supuestos en los que quepa

rehabilitar las autorizaciones que hayan perdido su validez por no haber sido

visadas dentro del plazo establecido.

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, no

será necesario el consentimiento del afectado para que el Registro de Empresas y

Actividades de Transporte pueda recabar de cualquier otro registro público la

información que resulte estrictamente necesaria para acreditar el cumplimiento de

los requisitos exigidos para el otorgamiento, visado o modificación de los títulos

que habilitan para el ejercicio de las actividades y profesiones reguladas en esta

ley o en las normas dictadas para su ejecución y desarrollo.

En aplicación de los principios contemplados en el artículo 4 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, la obtención de información conforme a lo

anteriormente señalado no devengará arancel alguno.»

Veintisiete. El artículo 52 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 52.

1. Fuera del supuesto regulado en el artículo anterior, cuando la Administración

constate el incumplimiento de alguna de las condiciones exigidas en el artículo 43,

suspenderá la autorización, comunicándoselo a su titular, hasta que éste subsane

dicho incumplimiento.

Dicha suspensión alcanzará, además, a cuantas otras habilitaciones para el

ejercicio de la actividad de transporte se hubiesen obtenido bajo la condición de la

vigencia de la referida autorización.

Si el incumplimiento que dio lugar a la suspensión no ha sido subsanado con

anterioridad a la finalización del más próximo período de visado, la autorización

perderá su validez conforme a lo dispuesto en el artículo 51.

Cuando se trate de las autorizaciones a que hace referencia el punto 3 del

referido artículo 51, la suspensión se mantendrá indefinidamente en tanto que su

titular no acredite haber subsanado el incumplimiento de que se trate.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto anterior, cuando el titular de la

autorización sea contratista de la gestión de algún servicio público de transporte regular

de viajeros de uso general, la Administración incoará el pertinente procedimiento de

resolución del correspondiente contrato si aquél no acredita la subsanación del

incumplimiento en el plazo de tiempo que reglamentariamente se determine.

3. Lo dispuesto en los puntos anteriores de este artículo deberá entenderse

sin perjuicio de la imposición de las sanciones que correspondan por el

incumplimiento de los requisitos de que en cada caso se trate.»

Veintiocho. El artículo 53 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 53.

1. El Registro de Empresas y Actividades de Transporte tiene por objeto:

a) La inscripción de las empresas y personas que obtengan alguno de los

títulos que habilitan para el ejercicio de las actividades y profesiones reguladas en

esta ley o en las normas dictadas para su desarrollo.

b) La inscripción de los contratos de gestión de los servicios públicos de

transporte regular de viajeros de uso general.

c) La anotación de todas las incidencias y datos relativos a las empresas,

personas, títulos y contratos señalados en los apartados anteriores que

reglamentariamente se determinen.

d) Las sanciones impuestas por la comisión de las infracciones tipificadas en

esta ley, así como aquellas otras anotaciones relativas a expedientes sancionadores

que se consideren relevantes reglamentariamente.

2. La inscripción en el Registro tendrá carácter obligatorio y se realizará de

oficio por la Administración.

3. La organización del Registro, integrada por los Registros territoriales y el

Registro Central, se articulará conforme a lo que reglamentariamente se determine.

4. El contenido del Registro se presume exacto y válido.

5. Realizada una inscripción o anotación en el Registro, no podrá realizarse

otra de igual o anterior fecha que resulte opuesta o incompatible con aquélla.

6. El Registro es público en los términos siguientes:

a) Publicidad plena: todo ciudadano podrá conocer los títulos habilitantes en

vigor que posea cualquier otra persona física o jurídica en el momento de hacer su

consulta, así como la tarifa y aquella otra parte del contenido de los contratos de

gestión de servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general que

reglamentariamente se determine.

b) Publicidad restringida: las anotaciones relativas a un procedimiento

sancionador únicamente podrán ser conocidas por la persona o personas a que

estén referidas.

c) Publicidad ordinaria: el acceso a datos obrantes en el Registro no incluidos

en los apartados anteriores y que no pertenezcan a la intimidad de las personas

podrá ser ejercido, además de por el propio sujeto al que estén referidos, por

terceros que acrediten un interés legítimo.

El tratamiento del contenido de los asientos registrales a efectos de posibilitar

su publicidad directa deberá garantizar, al mismo tiempo, la imposibilidad de su

manipulación o televaciado.

Esta publicidad se realizará de acuerdo con lo que reglamentariamente se

Lo dispuesto en este punto se entenderá sin perjuicio de cuanto resulte de

aplicación en virtud de los principios y reglas que, conforme a lo que se establece

en la legislación sobre régimen jurídico y procedimiento administrativo común de

las Administraciones públicas, informan las relaciones entre éstas y la coordinación

de competencias entre órganos administrativos. Asimismo, serán de aplicación en

la gestión y tratamiento de los datos registrales las exigencias derivadas de la

reglamentación de la Unión Europea en materia de normas comunes relativas a las

condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista

por carretera.»

Veintinueve. El artículo 54 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 54.

1. Quienes contraten una operación de transporte como porteadores deberán

llevarla a cabo a través de su propia organización empresarial.

Quedan exceptuados de la referida prescripción quienes intervengan en la

contratación del transporte de que se trate en funciones de pura intermediación de

conformidad con lo dispuesto en esta ley o utilicen la colaboración de otros

transportistas en los supuestos regulados en los artículos 76 y 89.2.

2. A los efectos de lo dispuesto en el punto anterior, únicamente se considerará

que los vehículos con capacidad de tracción propia utilizados se hallan integrados

en la organización empresarial del porteador cuando disponga de ellos en

propiedad, arrendamiento financiero o arrendamiento ordinario, debiendo en este

último caso, cumplir las condiciones establecidas al efecto en esta ley y en las

normas dictadas para su desarrollo.

En todo caso, los referidos vehículos deberán estar matriculados en España.

La utilización de remolques y semirremolques propios o ajenos será libre, sin

perjuicio de las reglas a que esté sometido su uso por razones de tráfico, circulación

de vehículos a motor y seguridad vial.

Los vehículos destinados al transporte de viajeros deberán cumplir las

condiciones básicas de accesibilidad para personas con discapacidad que

reglamentariamente resulten exigibles.

3. El personal utilizado por el porteador deberá encontrarse encuadrado en su

organización empresarial de conformidad con las reglas contenidas en la legislación

social y laboral que resulten de aplicación y deberá contar con las habilitaciones,

certificaciones, licencias o autorizaciones que, en atención a las funciones que

desarrolle, resulten exigibles en cada caso.»

Treinta. El artículo 56 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 56.

Las comunicaciones entre los órganos administrativos competentes para el

otorgamiento de las distintas autorizaciones y habilitaciones contempladas en esta

ley y en las normas dictadas para su ejecución y desarrollo y los titulares o solicitantes

de las mismas se llevarán a cabo utilizando únicamente medios electrónicos.

Asimismo, será obligatorio utilizar exclusivamente medios electrónicos en las

comunicaciones relativas a la adjudicación, control, modificación o extinción de los

contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso

Las comunicaciones relativas a los procedimientos sancionadores que se

instruyan en ejecución de lo dispuesto en esta ley a los titulares de las

autorizaciones y habilitaciones que en la misma se contemplan se realizarán

también por medios electrónicos de forma exclusiva.

Lo dispuesto en los párrafos anteriores se entenderá sin perjuicio de los

supuestos en que la Administración actuante solicite expresamente la presentación

física de algún documento concreto, ni de aquellas notificaciones o comunicaciones

que se realicen en carretera por las fuerzas encargadas de la vigilancia del transporte.

Las notificaciones que se realicen por medios electrónicos conforme a lo

dispuesto en este artículo deberán ajustarse a lo que reglamentariamente se

determine en atención a los criterios establecidos en la legislación sobre acceso

electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

No obstante, cuando las comunicaciones a que hace referencia este artículo no

pudieran realizarse por medios electrónicos debido a causas técnicas, se llevarán a

cabo a través de cualquier otro procedimiento que resulte válido de conformidad

con lo dispuesto en la legislación general sobre procedimiento administrativo y

régimen jurídico de las Administraciones públicas.»

Treinta y uno. Se suprimen los puntos 2 y 3 del artículo 57, que quedan sin

Treinta y dos. El artículo 59 que redactado en los siguientes términos:

«Artículo 59.

En el ejercicio de su función de servir de cauce de participación del sector en el

ejercicio de las funciones públicas que le afecten, corresponderán al Comité

Nacional del Transporte por Carretera las siguientes competencias:

a) Participar, en representación de las empresas y asociaciones de transporte,

en el procedimiento de elaboración de cuantas disposiciones se dicten en materia

de transporte por carretera.

b) Participar, en representación de las empresas y asociaciones de transporte,

en el procedimiento de elaboración de todos aquellos programas o planes de

transporte que afecten al desarrollo del transporte por carretera o de alguna de sus

actividades auxiliares y complementarias.

c) Proponer a la Administración la adopción de aquellas actuaciones que

considere de interés general para el sector del transporte por carretera.

d) Evacuar cuantas consultas le sean realizadas por la Administración.

e) Realizar cuantas otras funciones le sean legal o reglamentariamente

atribuidas.»

Treinta y tres. Se suprimen los artículos 60 y 61, que quedan sin contenido.

Treinta y cuatro. Se suprimen el apartado c) del punto 1 y el punto 2 del artículo 63.

Treinta y cinco. Se suprime el apartado a) del artículo 67, que queda sin contenido.

Treinta y seis. Se suprimen los artículos 68 y 69, que quedan sin contenido.

Treinta y siete. El artículo 71 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 71.

Los transportes públicos regulares de viajeros de uso general tienen el carácter

de servicios públicos de titularidad de la Administración, pudiendo ser utilizados, sin

discriminación, por cualquier persona que lo desee en las condiciones establecidas

en esta ley y en las normas dictadas para su ejecución y desarrollo.

Como regla general, la prestación de los mencionados servicios se llevará a

cabo por la empresa a la que la Administración adjudique el correspondiente

contrato de gestión. No obstante, la Administración podrá optar por la gestión

directa de un servicio cuando estime que resulta más adecuado al interés general

en función de su naturaleza y características.

En lo no previsto en esta ley ni en la reglamentación de la Unión Europea

acerca de los servicios públicos de transporte de viajeros por carretera o en las

normas reglamentarias dictadas para la ejecución y desarrollo de tales

disposiciones, la gestión de los referidos transportes se regirá por las reglas

establecidas en la legislación general sobre contratación del sector público que

resulten de aplicación a los contratos de gestión de servicios públicos.»

Treinta y ocho. El artículo 72 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 72.

1. Con objeto de garantizar la cohesión territorial, los contratos de gestión de

los servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general se adjudicarán

por la Administración con carácter exclusivo, no pudiendo otorgarse otros que cubran

tráficos coincidentes, salvo en los supuestos que reglamentariamente se exceptúen

por razones fundadas de interés general.

En consecuencia, los nuevos servicios que sean creados no podrán incluir

tráficos que ya se encuentren atendidos por otros preexistentes.

Tampoco procederá el establecimiento de un nuevo servicio cuando la escasa

entidad de los núcleos de población que habría de atender y su proximidad

geográfica con los que ya vienen siendo atendidos por otro servicio no permitan

definir un tráfico significativamente distinto.

2. A los efectos señalados en el punto anterior, los tráficos constitutivos de

cada servicio vendrán determinados por la relación de localidades o núcleos de

población diferenciados entre los que se realiza el transporte, efectuando parada

los vehículos para tomar y dejar a los viajeros que se desplacen entre los mismos.

Únicamente se tendrán en cuenta, a efectos de la apreciación de posibles

coincidencias, las paradas de los servicios preexistentes entre las que estuvieran

autorizados tráficos en el momento en que se inicie la tramitación del nuevo servicio.

3. Antes de iniciar el procedimiento tendente a la adjudicación de un nuevo

contrato para la gestión de un servicio preexistente que incluyese tráficos

íntegramente comprendidos en el territorio de una comunidad autónoma, la

Administración General del Estado deberá solicitar el informe de aquélla acerca del

mantenimiento de los mencionados tráficos dentro de ese servicio o su posible

segregación como servicio independiente de competencia autonómica.

4. El contrato de gestión de cada servicio determinará su plazo de duración

atendiendo a sus características y a los plazos de amortización de los activos

necesarios para su prestación y predominantemente utilizados en ésta que hayan

de ser aportados por el contratista. En todo caso, de conformidad con lo dispuesto

en la legislación de la Unión Europea reguladora de la materia, la duración de los

contratos no podrá ser superior a diez años.

No obstante, cuando resulte necesario, habida cuenta de las condiciones de

amortización de los mencionados activos, la duración del contrato podrá

prolongarse durante un plazo no superior a la mitad del periodo originalmente

establecido.»

Treinta y nueve. El artículo 73 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 73.

1. Los contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de

viajeros de uso general se adjudicarán mediante un procedimiento abierto en el

que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 74.2, todo empresario podrá

presentar una proposición. Los órganos de contratación darán a los licitadores un

tratamiento equitativo y no discriminatorio y ajustarán su actuación al principio de

transparencia.

No obstante, la Administración podrá optar por la adjudicación directa del

contrato cuando su valor anual medio, calculado conforme a lo que

reglamentariamente se determine, se haya estimado en menos de 100.000 euros

anuales, previa justificación motivada de su pertinencia.

2. El pliego de condiciones que haya de regir el contrato, que tomará como

base el proyecto aprobado por la Administración de conformidad con lo dispuesto

en el artículo 70, fijará las condiciones de prestación del servicio.

En todo caso, se incluirán en dicho pliego los siguientes extremos:

a) Los tráficos que definen el servicio.

b) El itinerario o las infraestructuras por los que concretamente haya de

discurrir el servicio, cuando resulte pertinente.

c) El número de expediciones de transporte que, como mínimo, deberá

realizar el contratista.

d) Las prestaciones que, como mínimo, deberán recibir los viajeros además

de su transporte y el de sus equipajes.

e) Las condiciones mínimas de solvencia técnica, profesional y económica

que, en su caso, deberá cumplir el contratista a fin de que resulte garantizada la

adecuada prestación del servicio de que se trate de forma continuada.

f) El número mínimo de vehículos que el contratista deberá adscribir a la

prestación del servicio, así como sus características técnicas y, cuando resulte

pertinente, su límite máximo de antigüedad.

g) La dotación mínima del personal que el contratista deberá adscribir a la

prestación del servicio.

h) Cuando se trate de un servicio que ya venía prestándose, los empleados

del anterior contratista en cuya relación laboral deberá subrogarse el adjudicatario

para cubrir la dotación mínima señalada en el apartado anterior.

i) Las instalaciones fijas que, en su caso, haya de aportar el contratista para

la prestación del servicio.

j) El régimen tarifario de aplicación a los viajeros.

k) El derecho del contratista a hacer propia, en su caso, la totalidad o una

parte de los ingresos derivados de la explotación del servicio.

l) Otras compensaciones a las que, en su caso, tenga derecho el contratista

por la prestación del servicio, indicando los parámetros sobre cuya base habrán de

m) El canon o participación que, en su caso, haya de satisfacer el contratista

a la Administración y los parámetros sobre cuya base habrá de calcularse, conforme

a criterios de proporcionalidad, sin que afecte significativamente a la estructura de

costes del servicio.

n) Las máquinas o herramientas o, en su caso, los medios electrónicos,

informáticos o telemáticos de que deberá proveerse el contratista para facilitar a la

Administración el adecuado control de los ingresos generados por la explotación

del servicio.

ñ) El compromiso del contratista de someterse al arbitraje de las Juntas

Arbitrales del Transporte en relación con cualquier controversia con los usuarios

acerca de la prestación del servicio.

o) El plazo de duración del contrato.

La Administración deberá incluir, además, en el pliego todas aquellas otras

circunstancias que delimiten el servicio y configuren su prestación.»

Cuarenta. El artículo 74 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 74.

1. En la adjudicación del contrato únicamente podrán tenerse en cuenta

variantes o mejoras ofrecidas por los licitadores cuando tal posibilidad se hubiese

previsto expresamente en el pliego.

Los criterios señalados a tal efecto en el pliego deberán estar relacionados, en

todo caso, con el régimen económico y tarifario, la seguridad, la eficacia o la calidad

y frecuencia del servicio objeto del contrato y tendrán especialmente en cuenta

factores ambientales y la mejor integración con la red de servicios públicos de

transporte de viajeros que vertebran el territorio. En la determinación de los criterios

de adjudicación se dará preponderancia a aquéllos que puedan valorarse mediante

cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas

establecidas en el propio pliego.

2. El adjudicatario del contrato deberá ser, en todo caso, titular de la

autorización de transporte público de viajeros regulada en el artículo 42.

3. Cuando el objeto de un nuevo contrato sea la gestión de un servicio que ya

se venía prestando con anterioridad, se adjudicará al anterior contratista siempre

que éste hubiese cumplido satisfactoriamente el anterior contrato y que la

valoración atribuida a su oferta sea la misma que la mejor del resto de las

presentadas.

4. En cualquier caso, deberán desestimarse las ofertas que establezcan

condiciones desproporcionadas o anormales, técnicamente inadecuadas, o que no

garanticen debidamente la continuidad del servicio o su prestación en las

condiciones precisas.»

Cuarenta y uno. El artículo 75 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 75.

1. El contrato de gestión del servicio público de que se trate recogerá las

condiciones establecidas en el pliego, con las precisiones o modificaciones

ofrecidas por el adjudicatario que hubiesen sido aceptadas por la Administración.

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo, salvo que el

contratista solicite que se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo, en este

supuesto, los correspondientes gastos.

2. El contratista habrá de prestar el servicio en las condiciones fijadas en el

contrato, debiendo respetar, además, cuantas otras obligaciones se encuentren

establecidas con carácter general en esta ley y en las normas dictadas para su

ejecución y desarrollo en relación con la realización de servicios públicos de

transporte de viajeros de titularidad de la Administración.

En todo caso, el contratista estará obligado a reservar, a favor de la

Administración pública que así se lo demande, un cierto número de plazas en

determinadas expediciones para el transporte de estudiantes o trabajadores hasta

y desde centros docentes o de trabajo de titularidad pública. En dicho supuesto, la

compensación que reciba el contratista de la Administración que reserve las plazas

no podrá ser nunca superior a la cuantía que resulte de la aplicación de la tarifa

ordinaria del servicio.

3. El contrato sólo podrá modificarse cuando así se haya previsto en el pliego

y se hayan detallado de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que

podrá hacerse.

No obstante, la Administración contratante, previa audiencia del contratista,

podrá modificar el contrato, a efectos de adecuar la prestación del servicio a los

cambios sobrevenidos en las circunstancias que se tuvieron en cuenta en el

momento de su adjudicación en relación con la demanda potencial de los servicios

o la necesidad de cubrir nuevos tráficos surgidos en las inmediaciones del servicio

que no se encuentren atendidos a través de otros contratos o que hayan dejado de

estarlo por la extinción del servicio que los venía atendiendo, de conformidad con lo

que reglamentariamente se determine. En este supuesto, el acuerdo de

modificación adoptado por el órgano contratante de la Administración pondrá fin a

la vía administrativa, será inmediatamente ejecutivo y su cumplimiento resultará

obligatorio para el contratista.

Muy especialmente, a los efectos previstos en este punto, la Administración

contratante valorará la conveniencia de modificar un servicio preexistente cuando,

con posterioridad a su inauguración, tenga lugar el establecimiento o cierre de

centros docentes, sanitarios o de otra índole generadores de una demanda

significativa de transporte.

Cuando la modificación del contrato afecte a su régimen financiero, la

Administración deberá restablecer el equilibrio económico de aquél, en beneficio

de la parte contratante que corresponda, de conformidad con lo previsto en la

legislación sobre contratos del sector público.

Sea cual fuere su causa, la modificación del contrato deberá formalizarse

conforme a lo previsto en el punto 1.

4. Sin perjuicio de la legislación laboral que resulte de aplicación al efecto,

cuando un procedimiento tenga por objeto la adjudicación de un nuevo contrato

para la gestión de un servicio preexistente, el pliego de condiciones deberá imponer

al nuevo adjudicatario la obligación de subrogarse en la relación laboral con el

personal empleado por el anterior contratista en dicha prestación, en los términos

señalados en los apartados g) y h) del artículo 73.2.

En este supuesto, el órgano de contratación deberá facilitar a los licitadores, en

el propio pliego o en la documentación complementaria, la información sobre las

condiciones de los contratos del personal al que afecte la subrogación que resulte

necesaria para permitir la evaluación de los costes laborales que implicará tal

medida. A estos efectos, la empresa que viniese prestando el servicio y tenga la

condición de empleadora del personal afectado estará obligada a proporcionar la

referida información al órgano de contratación, a requerimiento de éste.

Tal información se suministrará teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter

A los efectos señalados en este punto, no podrá tenerse en cuenta otro

personal que el expresamente adscrito a la prestación del servicio en el contrato de

gestión del servicio público de que se trate, para cuya determinación se debieron

tomar como base el que inicialmente se incluía en el correspondiente pliego de

condiciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73.2.

El nuevo contratista no responderá de los derechos salariales devengados con

anterioridad a la asunción efectiva de los servicios, ni de las deudas a la Seguridad

Social, fiscales o cualesquiera otras que hubiere contraído el empresario anterior.»

Cuarenta y dos. El punto 1 del artículo 76 queda redactado en los siguientes términos:

«1. Para hacer frente a intensificaciones de tráfico que no puedan ser

atendidas por los vehículos adscritos a la prestación del servicio podrán utilizarse

otros, ya sean propios del contratista, o cedidos, con o sin conductor, por otros

transportistas a través de cualquier fórmula jurídica válida.

Dichos vehículos deberán estar amparados por la autorización prevista en el

artículo 42.»

Cuarenta y tres. El artículo 81 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 81.

1. Cuando existan razones objetivas de interés general que lo justifiquen, y no

resulte viable o procedente el establecimiento de un nuevo servicio con

independencia de los anteriormente existentes, la Administración podrá acordar la

concentración en un solo contrato de todos los derechos y obligaciones dimanantes

de diferentes contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de

viajeros de uso general preexistentes, de tal manera que los servicios contemplados

en éstos se presten desde ese momento de forma unificada.

La inclusión de un contrato en una concentración de tales características sólo

será posible a partir de que hayan transcurrido tres años de su plazo de vigencia y

dejará de serlo cuando falten menos de dos para su finalización.

2. La vigencia del contrato unificado se determinará, de conformidad con lo

que reglamentariamente se disponga, en función de los plazos de vigencia que

resten a los contratos objeto de concentración, teniendo en cuenta la entidad de los

tráficos a que se encontraban referidos.

3. Cuando se lleve a cabo la concentración prevista en este artículo, la

Administración podrá realizar las modificaciones en las condiciones de explotación

que resulten necesarias para una más adecuada prestación de los servicios de

forma unificada.»

Cuarenta y cuatro. El artículo 82 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 82.

1. Los contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de

viajeros de uso general se extinguirán por cumplimiento o por resolución.

2. Los contratos se considerarán cumplidos y, en consecuencia, extinguidos

sin necesidad de resolución cuando transcurra su plazo de duración, ya sea el

inicialmente establecido o, en su caso, el resultante de su prórroga acordada

conforme a lo dispuesto en el artículo 72.4.

No obstante, cuando finalice el plazo de vigencia de un contrato sin que haya

concluido el procedimiento tendente a la adjudicación de uno nuevo para la

prestación del mismo servicio, el anterior contratista deberá prolongar su gestión,

cuando así se lo requiera la Administración, en los términos y plazos previstos en el

artículo 85.

3. Son causas de resolución del contrato:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la

extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista.

b) La declaración de concurso del contratista o la declaración de insolvencia

de éste en cualquier otro procedimiento.

c) La pérdida por el contratista de la autorización de transporte público de

viajeros regulada en esta ley, así como la suspensión de aquélla por las causas

señaladas en el artículo 52, si el contratista no acredita haber subsanado el

incumplimiento que dio lugar a la suspensión en el plazo que reglamentariamente

se determine.

d) El incumplimiento del plazo de que disponga el contratista, de conformidad

con lo reglamentariamente establecido o, en su caso, con lo expresamente

señalado en el contrato, para iniciar la prestación del servicio tras la formalización

del contrato.

e) La renuncia unilateral del contratista.

f) El incumplimiento por el contratista de las condiciones señaladas en los

apartados m) o n) del artículo 73.2, o bien el incumplimiento reiterado, en los

términos en que reglamentariamente se determine, de las condiciones señaladas

en los apartados a) o j) del mismo precepto, así como el de cualquier otra condición

o requisito al que expresamente se haya atribuido esa consecuencia en el contrato.

g) La interrupción injustificada de la prestación del servicio por parte del

contratista por el plazo reglamentariamente establecido o señalado en el contrato.

h) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.

i) El rescate del servicio por la Administración, cuando ésta acuerde

gestionarlo directamente por razones de interés general.

j) La supresión del servicio por razones de interés general.

k) La imposibilidad de la explotación del servicio como consecuencia de

acuerdos adoptados por la Administración contratante con posterioridad al contrato.

l) Aquellas otras que se establezcan expresamente en el contrato.»

Cuarenta y cinco. El artículo 83 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 83.

1. La resolución de los contratos de gestión de servicios públicos de transporte

regular de viajeros de uso general se acordará por el órgano de contratación, de

oficio o a instancia del contratista, mediante el procedimiento que resulte de

aplicación de acuerdo con la legislación sobre contratos del sector público.

2. La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de

concurso, la apertura de la fase de liquidación, darán siempre lugar a la resolución

del contrato.

La Administración podrá no instar la resolución del contrato en caso de

declaración de concurso del contratista cuando entienda que existen perspectivas

realistas de saneamiento financiero de éste en un plazo razonable, siempre que no

se haya abierto la fase de liquidación ni concurra la causa de resolución señalada

en el apartado c) del artículo 82.3.

3. Los supuestos previstos en los apartados c), d), e), i), j) y k) del punto 3 del

artículo anterior originarán siempre la resolución del contrato.

4. En los casos de muerte o incapacidad sobrevenida del contratista

individual, la Administración podrá acordar la continuación del contrato con sus

herederos o sucesores, siempre que éstos cumplan, o se comprometan a cumplir

en el plazo que reglamentariamente se determine, los requisitos exigidos al

contratista inicial.

No se considerará extinguida la personalidad de la sociedad contratista cuando

cambie simplemente su forma jurídica manteniéndose intactas sus obligaciones

económicas y laborales.

5. El contratista que renuncie de forma unilateral a continuar prestando el

servicio deberá, no obstante, prolongar su gestión, cuando así se lo requiera la

Administración, hasta que haya concluido el procedimiento tendente a la

adjudicación de un nuevo contrato para la gestión del servicio, en los términos

previstos en el artículo 85.

6. Cuando se den los supuestos previstos en los apartados f) y g) del punto 3

del artículo anterior, la Administración podrá optar por no acordar la resolución del

contrato si en el expediente resulta acreditado que ello podría ser más perjudicial

para el interés general que su mantenimiento.

No obstante, la Administración deberá incoar en dichos supuestos, el

procedimiento tendente a la imposición de la sanción que en cada caso

corresponda, conforme a lo dispuesto en esta ley.

7. La resolución por mutuo acuerdo sólo podrá tener lugar cuando no concurra

otra causa de resolución imputable al contratista y en el expediente resulte

acreditado que, desde el punto de vista del interés general, es innecesario o

inconveniente que se siga prestando el servicio.»

Cuarenta y seis. El artículo 84 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 84.

1. El acuerdo de resolución de los contratos de gestión de servicios públicos

de transporte regular de viajeros de uso general deberá pronunciarse expresamente

sobre la procedencia de la pérdida, devolución o cancelación de la fianza

constituida por el contratista.

2. En todo caso, cuando el contrato se resuelva por las causas previstas en

los apartados c), d), e), f) y g) del punto 3 del artículo 82 o por cualquier otra

imputable al contratista, la Administración se incautará de la fianza constituida por

éste, que deberá, además, indemnizar a aquélla por los daños y perjuicios

ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada.

Con independencia de lo anterior, la Administración deberá incoar, en tales

supuestos, el procedimiento tendente a la imposición de la sanción que en cada

caso corresponda conforme a lo dispuesto en esta ley.

3. Cuando la causa de la resolución del contrato sea la declaración de

concurso del contratista, sólo se acordará la pérdida de la fianza cuando el referido

concurso haya sido calificado como culpable.

4. Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de la

Administración y el contratista se acomodarán a lo que éstos estipulen válidamente.

5. Cuando el contrato se resuelva por las causas previstas en los apartados i),

j) o k) del punto 3 del artículo 82, la Administración contratante indemnizará al

contratista por los daños y perjuicios que se le irroguen.

Para determinar la cuantía de la indemnización se tendrán en cuenta los

beneficios futuros que el contratista dejará de percibir, atendiendo a los resultados

de explotación que él hubiese declarado a la Administración en el último quinquenio

o en el período transcurrido desde el inicio de la prestación del servicio, cuando

fuese inferior.»

Cuarenta y siete. El artículo 85 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 85.

No obstante lo dispuesto en los artículos 72.4 y 73.1, en caso de interrupción

de un servicio público de transporte regular de viajeros de uso general o de riesgo

inminente de que dicha interrupción se produzca, la Administración podrá adoptar

una medida de emergencia en forma de adjudicación directa o de acuerdo formal

de prórroga de un contrato de gestión de servicio público o de exigencia de prestar

determinadas obligaciones de servicio público.

El acuerdo en este sentido del órgano contratante de la Administración pondrá

fin a la vía administrativa, será inmediatamente ejecutivo y su cumplimiento

resultará obligatorio para el contratista.

La duración del contrato que se adjudique o de la prórroga que se imponga en

el supuesto anteriormente previsto no podrá ser superior a dos años.»

Cuarenta y ocho. Se suprimen los artículos 87 y 88, que quedan sin contenido.

Cuarenta y nueve. El artículo 89 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 89.

1. Los transportes regulares de viajeros de uso especial únicamente podrán

prestarse cuando se cuente con una autorización especial que habilite para ello,

otorgada por la Administración.

El otorgamiento de dichas autorizaciones se llevará a cabo de conformidad a lo

que reglamentariamente se establezca y estará supeditado a que la empresa

transportista haya convenido previamente con los usuarios o sus representantes la

realización del transporte a través del oportuno contrato o precontrato.

La autorización sólo podrá ser otorgada a una persona, física o jurídica, que

previamente sea titular de la autorización de transporte público de viajeros regulada

en el artículo 42.

Las autorizaciones para la realización de transportes regulares de uso especial

se otorgarán por el plazo a que se refiera el contrato con los usuarios, sin perjuicio

de que la Administración pueda exigir su visado con una determina periodicidad a fin

de constatar el mantenimiento de las condiciones que justificaron su otorgamiento.

Cuando el transporte sea contratado por alguno de los entes, organismos y

entidades que forman parte del sector público, el contrato deberá atenerse, en

cuanto no se encuentre expresamente previsto en esta ley y en las normas dictadas

para su desarrollo, a las reglas contenidas en la legislación sobre contratos del

sector público.

2. Los transportes a los que se refiere este artículo podrán realizarse, cuando

resulten insuficientes los vehículos propios, utilizando los de otros transportistas

que cuenten con la autorización de transporte público de viajeros regulada en el

artículo 42, de conformidad con lo que reglamentariamente se establezca.»

Cincuenta. Se suprime el artículo 90, que queda sin contenido.

Cincuenta y uno. El artículo 91 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 91.

Las autorizaciones de transporte público habilitarán para realizar servicios en

todo el territorio nacional, sin limitación alguna por razón del origen o destino del

Quedan exceptuadas de lo anterior tanto las autorizaciones habilitantes para

realizar transporte interurbano de viajeros en vehículos de turismo como las que

habilitan para el arrendamiento de vehículos con conductor, que deberán respetar

las condiciones que, en su caso, se determinen reglamentariamente en relación

con el origen, destino o recorrido de los servicios.»

Cincuenta y dos. Se suprimen los artículos 92 y 93, que quedan sin contenido.

Cincuenta y tres. El punto 1 del artículo 94 queda redactado en los siguientes

«1. La actuación de los titulares de licencias o autorizaciones de transporte

público en relación con la prestación de servicios de carácter discrecional se regirá

por el principio de libertad de contratación.»

Cincuenta y cuatro. El artículo 95 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 95.

1. Durante la realización de transportes por carretera deberán respetarse los

límites legal o reglamentariamente establecidos con carácter general en relación

con la masa máxima de lo vehículos, así como los específicamente señalados para

el vehículo utilizado en su permiso de circulación y demás documentación en que

se ampare para circular.

2. Durante la realización de transportes por carretera deberán respetarse los

límites legal o reglamentariamente establecidos en relación con los tiempos de

conducción y descanso de los conductores que, en su caso, resulten de aplicación.»

Cincuenta y cinco. Se suprimen los artículos 96 y 97, que quedan sin contenido.

Cincuenta y seis. El artículo 98 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 98.

1. La autorización de transporte público de mercancías habilita para realizar

transportes de esta clase, en las condiciones señaladas en el artículo 54.

Asimismo, habilitará para intermediar en la contratación de esta clase de

transportes cuando se den las circunstancias previstas en los apartados a) y b) del

artículo 119.1.

2. Durante la realización de transportes de mercancías, únicamente podrán

ocupar el vehículo personas distintas a su conductor y tripulación cuando así lo

posibilite el correspondiente permiso de circulación y su transporte no dé lugar a

retribución alguna a favor del transportista.»

Cincuenta y siete. El artículo 99 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 99.

1. La autorización de transporte público de viajeros habilita tanto para realizar

transportes de esta clase, en las condiciones señaladas en el artículo 54, como

para intermediar en su contratación.

No obstante, los titulares de dicha autorización únicamente podrán prestar

alguna de las formas de transporte regular de viajeros definidas en esta ley cuando

se cumplan las condiciones legal y reglamentariamente señaladas para ello.

2. En todo caso, la autorización habilita para transportar el equipaje de los

viajeros que ocupen el vehículo utilizado.

Asimismo, los vehículos amparados en una autorización de transporte de

viajeros podrán transportar, conforme a lo que reglamentariamente se determine,

objetos o encargos distintos de los equipajes de los viajeros, cuando su transporte

resulte compatible con las características del vehículo y no implique molestias o

inconvenientes injustificados para los viajeros.

3. Los transportes discrecionales de viajeros deberán ser contratados, como

regla general, por toda la capacidad del vehículo utilizado.

No obstante lo anterior, reglamentariamente podrán determinarse supuestos

excepcionales en que, por razones de la adecuada ordenación del sistema de

transportes, pueda admitirse su contratación por plaza con pago individual.

4. Fuera de los supuestos de colaboración previstos en esta ley, únicamente

podrán arrendarse con conductor los vehículos de turismo.

El arrendamiento de vehículos de turismo con conductor constituye una

modalidad de transporte de viajeros y su ejercicio estará condicionado a la

obtención de la correspondiente autorización, de conformidad con lo dispuesto en

los artículos 42 y 43.1 y lo que reglamentariamente se establezca con carácter

específico en relación con dicha modalidad de transporte.»

Cincuenta y ocho. El artículo 102 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 102.

1. Son transportes privados complementarios los que llevan a cabo empresas

u otras entidades cuyo objeto no es transportar, como complemento necesario o

adecuado para el correcto desarrollo de su actividad principal.

2. Los transportes privados complementarios deberán cumplir conjuntamente

las siguientes condiciones:

a) Si se trata de transporte de mercancías, éstas deberán pertenecer a la

empresa o haber sido vendidas, compradas, dadas o tomadas en alquiler,

producidas, extraídas, transformadas o reparadas por ella, constituyendo dicha

venta, compra, alquiler, producción, extracción, transformación o reparación parte

integrante de la actividad económica principal de la empresa.

Si se trata de transporte de viajeros, los usuarios deben ser trabajadores

adscritos a uno de los centros de la empresa u otras personas que asistan a éstos,

debiendo cumplirse en este segundo caso las reglas que al efecto se determinen

reglamentariamente.

b) El origen o el destino del transporte deberá ser uno de los lugares en que

la empresa desarrolle trabajos relacionados con su actividad principal.

c) Los vehículos utilizados deberán hallarse integrados en la organización de

la empresa en idénticos términos a los previstos en el artículo 54.2. En este caso,

también los remolques y semirremolques utilizados habrán de hallarse integrados

en la organización de la empresa a título de propiedad, arrendamiento financiero o

arrendamiento ordinario.

d) Los conductores de los vehículos deberán hallarse integrados en la

organización de la empresa y contar con las habilitaciones que, en su caso, resulten

pertinentes, en idénticos términos a los previstos en el artículo 54.3.

e) El transporte no podrá ser contratado ni facturado de forma independiente.

En su caso, su coste deberá incorporarse al precio final del producto o servicio que

constituya la actividad principal de la empresa antes de aplicar el Impuesto sobre el

Valor Añadido.

3. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el punto anterior, el

transporte quedará sujeto al régimen jurídico del transporte público.

Con objeto de comprobar su cumplimiento, durante la realización del transporte

deberá llevarse a bordo del vehículo documentación suficiente para acreditar las

condiciones señaladas en los apartados a), c) y d) del punto anterior.»

Cincuenta y nueve. El artículo 103 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 103.

1. La realización de transportes privados complementarios estará supeditada

a la posesión de una autorización que habilite para ello, expedida por el órgano

competente de la Administración General del Estado o, en su caso, por el de

aquella comunidad autónoma en que se domicilie la autorización, cuando esta

facultad le haya sido delegada por el Estado.

Como regla general, las autorizaciones de transporte privado complementario

deberán domiciliarse en el lugar en que su titular tenga su domicilio fiscal.

No obstante, las autorizaciones podrán domiciliarse en un lugar distinto, cuando

su titular acredite que dispone en éste de unos locales o instalaciones en los que

realiza la parte de su actividad principal en relación con la que resulta preciso el

transporte complementario.

2. No obstante lo dispuesto en el punto anterior, no será necesaria la previa

obtención de autorización para realizar las siguientes modalidades de transporte:

a) Transporte que presente idénticas características a las señaladas en el

artículo 42.2.

b) Transportes privados particulares definidos en el artículo 101.

c) Transportes oficiales definidos en el artículo 105.

d) Transporte de viajeros en vehículos de turismo, salvo que se trate de

transporte sanitario.

e) Transporte de mercancías en vehículos cuya masa máxima autorizada no

supere las 3,5 toneladas.

f) Transporte funerario, que podrá realizarse libremente en todo el territorio

nacional por prestadores de servicios funerarios, con independencia de su origen o

Además, podrá exonerarse reglamentariamente de la obligación de contar con

autorización a quienes realicen exclusivamente otras formas de transporte privado

que tengan una escasa influencia en el sistema, en razón de la naturaleza de la

mercancía transportada o de las cortas distancias recorridas.

3. La exención de la obligación de estar en posesión de autorización de

transporte en los casos señalados en este artículo no exime a quienes realicen los

transportes afectados del cumplimiento del resto de las exigencias contenidas en

esta ley y en las normas dictadas para su desarrollo, en los términos en que les

resulten de aplicación, ni de obtener los permisos, licencias o habilitaciones que,

en su caso, procedan de conformidad con la legislación sobre seguridad, sanidad o

tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.»

Sesenta. El punto 2 del artículo 104 queda redactado en los siguientes términos:

«2. Serán de aplicación a las autorizaciones de transporte privado

complementario idénticas reglas a las señaladas en los artículos 51 y 52, en

relación, en este caso, con el cumplimiento de los requisitos señalados en el punto

anterior y en el artículo 102.»

Sesenta y uno. El artículo 106 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 106.

La realización de servicios de transporte internacional que discurran

parcialmente por territorio español utilizando vehículos que no se hayan matriculado

en España se regirá por lo dispuesto en los convenios internacionales y las

disposiciones aprobadas por las organizaciones internacionales de las que España

forma parte que en cada caso resulten de aplicación.»

Sesenta y dos. El artículo 107 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 107.

La realización de transportes cuyo origen y destino se encuentren en territorio

español utilizando vehículos que no estén matriculados en España únicamente

será posible en la medida en que se cumpla lo dispuesto acerca de los transportes

de cabotaje en la reglamentación de la Unión Europea sobre acceso al mercado de

transporte internacional de mercancías y al mercado internacional de los servicios

de autocares y autobuses, o bien se encuentre expresamente prevista en un

convenio internacional suscrito por España.»

Sesenta y tres. El artículo 108 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 108.

Las empresas establecidas en España únicamente podrán optar a la obtención

de títulos habilitantes para realizar transporte internacional cuyo otorgamiento

corresponda al Estado español, incluida la licencia comunitaria, cuando

previamente sean titulares de la autorización de transporte regulada en esta ley

que corresponda en cada caso.

La realización de los tramos parciales de un transporte internacional que

discurran dentro de territorio español utilizando vehículos matriculados en España

deberá encontrarse amparada, en todo caso, por la autorización de transporte

regulada en esta ley que corresponda, sin perjuicio de la preceptiva obtención del

título que, en cada caso, habilite para la realización completa del transporte de que

Sesenta y cuatro. Se suprime el artículo 109, que queda sin contenido.

Sesenta y cinco. El artículo 110 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 110.

A efectos de esta ley, tendrán la consideración de transportes turísticos los que

se realicen en el marco de la ejecución de un viaje combinado ofertado y contratado

de conformidad con lo que se encuentre establecido en la legislación sobre defensa

de los consumidores y usuarios en relación con esta clase de viajes.

Asimismo, tendrán la consideración de transporte turístico aquellos otros que,

sin tener una duración superior a las 24 horas y sin incluir una pernoctación, se

oferten a través de agencias de viajes, u otros intermediarios reconocidos por la

legislación específica de turismo, y se presten conjuntamente con otros servicios

complementarios de naturaleza turística, tales como los de manutención, guía

turístico o similar.»

Sesenta y seis. El artículo 111 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 111.

Cuando alguno de los desplazamientos contemplados en una oferta de viaje

combinado implique la utilización de un servicio público de transporte regular de

viajeros por carretera de uso general, dicha oferta no podrá modificar las

condiciones de prestación del transporte señaladas en el contrato de gestión de

servicio público a cuyo amparo se realice.

En relación con los demás supuestos, podrá establecerse reglamentariamente

un régimen especial que armonice las reglas generales de aplicación al transporte

discrecional con las especiales características que presenta la prestación del

conjunto de servicios que integran un viaje combinado.»

Sesenta y siete. El artículo 119 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 119.

1. Quienes pretendan intermediar en la contratación de transportes de

mercancías por carretera, ya sea en concepto de agencia de transporte, transitario,

almacenista-distribuidor, operador logístico o cualquier otro, deberán obtener una

autorización de operador de transporte.

No obstante, no estarán obligados a obtener dicha autorización para intermediar

en la contratación de transporte de mercancías:

a) Los titulares de autorizaciones de transporte público de mercancías que

hubiesen acreditado para su obtención requisitos que, considerados en conjunto

conforme a lo que reglamentariamente se determine, resulten iguales o superiores

a los exigidos para la obtención de la autorización de operador de transporte.

b) Los titulares de autorizaciones de transporte público de mercancías que se

limiten a utilizar la colaboración de otros transportistas para atender demandas de

porte que excedan coyunturalmente de su propia capacidad de transporte, en los

términos que reglamentariamente se determinen.

c) Las cooperativas de transportistas y sociedades de comercialización, en

tanto que su intermediación se limite a la comercialización de los transportes

prestados por aquellos de sus socios que sean titulares de autorización de

transporte de mercancías.

2. El otorgamiento de la autorización de operador de transporte estará

condicionada a que se acredite el cumplimiento de análogos requisitos a los

exigidos para la de transporte público de mercancías, con las adaptaciones que

reglamentariamente se determinen en atención a la naturaleza de la actividad a

que esté referida.

Asimismo serán de aplicación a esta autorización similares reglas a las

establecidas en relación con la vigencia y visado de las autorizaciones de transporte

público de mercancías.

3. La autorización de operador de transporte habilitará a sus titulares para

intermediar en la contratación de transportes tanto interiores como internacionales.

Los titulares de la autorización de operador de transporte deberán contratar en

nombre propio tanto con el demandante del servicio como con el transportista que

vaya a realizarlo.

Las condiciones señaladas en este punto serán de aplicación también a la

intermediación que, en su caso, lleven a cabo los titulares de autorizaciones de

transporte y las cooperativas y sociedades de comercialización a que hace

referencia el punto 1.»

Sesenta y ocho. El artículo 120 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 120.

A los efectos de esta ley, se considera agencias de transporte a las empresas

especializadas en intermediar en la contratación de transportes de mercancías,

como organización auxiliar interpuesta entre los usuarios y los transportistas.

En el ejercicio de su actividad las agencias podrán desarrollar todas las

actuaciones previas de gestión, información, oferta y organización de cargas y

servicios necesarias para llevar a cabo la contratación de los transportes.»

Sesenta y nueve. El artículo 121 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 121.

A los efectos de esta ley, se considera transitarios a las empresas especializadas

en organizar, por cuenta ajena, transportes internacionales de mercancías,

recibiendo mercancías como consignatarios o entregándolas a quienes hayan de

transportarlas y, en su caso, realizando las gestiones administrativas, fiscales,

aduaneras y logísticas inherentes a esa clase de transportes o intermediando en su

contratación.»

Setenta. El artículo 122 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 122.

A los efectos de esta ley, se considera operadores logísticos a las empresas

especializadas en organizar, gestionar y controlar, por cuenta ajena, las operaciones

de aprovisionamiento, transporte, almacenaje o distribución de mercancías que

precisan sus clientes en el desarrollo de su actividad empresarial.

En el ejercicio de su función, el operador logístico podrá utilizar infraestructuras,

tecnología y medios propios o ajenos.»

Setenta y uno. El artículo 123 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 123.

A los efectos de esta ley, se considera almacenistas-distribuidores a las

empresas especializadas en actuar como depositarias de mercancías ajenas que,

además, se encarguen de distribuirlas o de gestionar su distribución, conforme a

las instrucciones recibidas del depositante.

En el ejercicio de su función, el almacenista-distribuidor podrá desarrollar otras

tareas tales como consolidación o ruptura de cargas, gestión de existencias u otras

que resulten preparatorias o complementarias del transporte y distribución de las

mercancías almacenadas.»

Setenta y dos. Se suprimen los artículos 125 y 126, que quedan sin contenido.

Setenta y tres. El artículo 127 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 127.

1. Las estaciones de transporte de viajeros tienen por objeto concentrar las

salidas, llegadas y tránsitos a las poblaciones de los vehículos de transporte

público, prestando o facilitando el desarrollo de servicios preparatorios y

complementarios del transporte a usuarios y transportistas.

2. Los centros de transporte y logística de mercancías acogen en su recinto

un conjunto de servicios e instalaciones destinadas a facilitar el desarrollo de

actividades de transporte, logística y distribución de mercancías, integrándolo con

el de otras preparatorias o complementarias de aquéllas.

3. Las estaciones de transporte de viajeros y los centros de transporte y

logística de mercancías sólo alcanzarán dicha consideración cuando sean

gestionados por una única persona o entidad, pública o privada, y reúnan las

condiciones y requisitos establecidos reglamentariamente.

En ningún caso se atribuirá la consideración de estación o centro a terrenos o

instalaciones destinados únicamente a garaje o estacionamiento de vehículos.

Tampoco tendrán esta consideración los terrenos en que se ubiquen diversas

empresas transportistas o de actividades auxiliares y complementarias del

transporte o que realicen actividades anexas a las de éstas, por el solo hecho de

su proximidad, si las instalaciones, equipamientos y servicios comunes no son

objeto de una gestión unificada bajo la dirección de una única entidad.»

Setenta y cuatro. Se suprime el artículo 134, que queda sin contenido.

Setenta y cinco. El punto 2 del artículo 137 queda redactado en los siguientes

«2. Reglamentariamente podrán establecerse condiciones relacionadas con

la documentación acreditativa del arrendamiento de vehículos sin conductor, a

efectos de garantizar la existencia del contrato, su plazo de duración y otras

circunstancias que determinen la legitimidad del uso del vehículo por el

arrendatario.»

Setenta y seis. Se añade un punto 4 al artículo 138, con el siguiente texto:

«4. No obstante lo dispuesto en los puntos 1 y 2 de este artículo, las personas

a que se hace referencia en ellos no responderán de las infracciones cometidas en

relación con los tiempos de conducción y descanso de los conductores o con la

manipulación, falseamiento, o uso indebido del tacógrafo, cuando acrediten que los

hechos que las determinaron constituían una falta muy grave de indisciplina o

desobediencia cometida por uno de sus conductores que dio lugar a que éste fuera

objeto de una de las sanciones que las disposiciones legales o el convenio colectivo

aplicable aparejan a esta clase de faltas, siempre que dicha sanción haya sido

declarada procedente mediante sentencia firme o no haya sido objeto de

reclamación judicial por parte del trabajador en el plazo previsto para ello.

No se tendrá en cuenta esta exención cuando la sanción disciplinaria al

conductor implicado no fuera más allá de la postergación o inhabilitación para

ascensos en la empresa.»

Setenta y siete. El artículo 140 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 140.

Se reputarán infracciones muy graves:

1. La realización de transportes públicos careciendo del título habilitante que,

en su caso, resulte preceptivo para su prestación de conformidad con lo dispuesto

en esta ley y en las normas dictadas para su ejecución y desarrollo.

Cuando la realización del transporte de que se trate requiriese disponer de más

de un título habilitante, resultará constitutiva de esta infracción la carencia de

cualquiera de ellos, aunque se disponga de los demás.

No se apreciará la infracción tipificada en este punto cuando los hechos deban

reputarse infracción leve de conformidad con lo dispuesto en el artículo 142.1.

2. La contratación como porteador o la facturación en nombre propio de

servicios de transporte sin ser previamente titular de autorización de transporte o

de operador de transporte.

En todo caso, incurrirán en esta infracción quienes, aún siendo integrantes de

una persona jurídica titular de una autorización de transporte o de operador de

transporte, contraten o facturen en nombre propio la prestación de servicios de

transporte a terceros o a la propia persona jurídica de la que formen parte sin ser

ellos mismos, a su vez, titulares de tal autorización.

No se apreciará la infracción tipificada en este punto cuando los hechos deban

reputarse infracción leve de conformidad con lo dispuesto en el artículo 142.1.

3. El arrendamiento de un vehículo cuando vaya acompañado por la

prestación de servicios de conducción o cualquier otra forma de cesión del uso de

un vehículo cuyo titular preste servicios de conducción al cesionario.

Incurrirán en esta infracción tanto el arrendador o cedente como el arrendatario

o cesionario.

No se producirá esta infracción cuando el arrendador o cedente sea titular de la

autorización de transporte que en cada caso corresponda.

4. La cesión, expresa o tácita, de títulos habilitantes por parte de sus titulares

a favor de otras personas.

5. La organización o establecimiento de un transporte regular de viajeros de

uso general sin haber sido contratado por la Administración competente para

gestionar un servicio público de esas características, con independencia de que los

medios utilizados sean propios o ajenos.

6. La venta individualizada de las plazas de un transporte de viajeros, así

como la prestación o venta de servicios integrados en una serie de expediciones

que atiendan, de forma reiterada, tráficos preestablecidos, cuando no se posea

otra habilitación que la autorización de transporte regulada en el artículo 42.

En esta misma infracción incurrirán quienes presten servicios turísticos

incumpliendo las condiciones legalmente señaladas para ello.

7. La falsificación de alguno de los títulos que habiliten para el ejercicio de las

actividades y profesiones reguladas en esta ley y en las normas dictadas para su

ejecución y desarrollo o de alguno de los datos que deban constar en aquéllos.

La responsabilidad por dicha infracción corresponderá tanto a las personas que

hubiesen falsificado el título, o colaborado en su falsificación o comercialización a

sabiendas del carácter ilícito de su actuación, como a las que lo hubiesen utilizado

para encubrir la realización de transportes o actividades no autorizados.

8. El falseamiento de los documentos que hayan de ser aportados como

requisito para la obtención de cualquier título, certificación o documento que haya

de ser expedido por la Administración a favor del solicitante o de cualquiera de los

datos que deban constar en aquéllos.

9. El falseamiento de cualesquiera documentos contables, estadísticos o de

control que la empresa se encuentre obligada a llevar o de los datos obrantes en

los mismos.

10. La manipulación del tacógrafo, del limitador de velocidad o de alguno de

sus elementos, así como la de otros instrumentos o medios de control que exista la

obligación de llevar instalados en el vehículo, con objeto de alterar su

funcionamiento o modificar sus mediciones.

En esta misma infracción incurrirán quienes instalen cualquier clase de

elementos mecánicos, electrónicos o de otra naturaleza con la misma finalidad,

aunque no se encuentren en funcionamiento en el momento de realizarse la

inspección.

La responsabilidad por esta infracción corresponderá, en todo caso, al

transportista que tenga instalado en su vehículo el aparato o instrumento

manipulado y, asimismo, a aquellas personas que lo hubiesen manipulado o

colaborado en su instalación o comercialización.

11. El falseamiento de las condiciones que determinaron que una empresa se

beneficiase de exención de responsabilidad contemplada en el artículo 138.4.

12. La negativa u obstrucción a la actuación de los Servicios de Inspección

del Transporte Terrestre o de las fuerzas encargadas de la vigilancia del transporte

que imposibiliten total o parcialmente el ejercicio de las funciones que legal o

reglamentariamente tengan atribuidas, así como la desatención total o parcial a sus

instrucciones o requerimientos o el quebrantamiento de la orden de inmovilizar un

En todo caso, incurrirá en esta infracción toda empresa cuyos propietarios,

empleados, auxiliares o dependientes nieguen o dificulten el acceso al personal de

los servicios de inspección a los locales o vehículos en que obligatoriamente deba

encontrarse depositada la documentación de la empresa o a dicha documentación.

En los supuestos de requerimientos relativos al cumplimiento de la legislación

sobre tiempos de conducción y descanso de los conductores, se considerará

cometida una infracción distinta por cada vehículo o conductor del que no se aporte

la documentación solicitada o se aporte de tal forma que imposibilite su control.

13. La realización de transporte interior en España con vehículos matriculados

en el extranjero incumpliendo las condiciones que definen las operaciones de

cabotaje de conformidad con lo dispuesto en la reglamentación de la Unión

Europea por la que se establecen normas comunes de acceso al mercado del

transporte internacional de mercancías por carretera o por la que se establecen

normas comunes de acceso al mercado internacional de los servicios de autocares

y autobuses, aunque quien los realice sea titular de licencia comunitaria.

14. La interrupción de los servicios señalados en el contrato de gestión de un

servicio público de transporte regular de viajeros de uso general, sin que medie

consentimiento de la Administración ni otra causa que lo justifique, durante el plazo

que reglamentariamente se determine.

15. La realización de transportes, carga o descarga de mercancías peligrosas

cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

15.1 No informar sobre la inmovilización del vehículo a causa de accidente o

incidente grave, o no adoptar las medidas de seguridad y protección que

correspondan en tales supuestos, excepto en aquellos casos en que ello hubiera

resultado imposible.

15.2 Utilizar cisternas que presenten fugas.

15.3 Carecer del certificado de aprobación del vehículo expedido por el

organismo competente, donde se acredite que responde a las prescripciones

reglamentariamente exigibles para el transporte al que va destinado, así como

llevar dicho certificado caducado o llevar uno distinto al exigido para la mercancía

transportada.

15.4 Transportar mercancías a granel cuando ello no esté autorizado por la

regulación específica aplicable.

15.5 Utilizar vehículos, depósitos o contenedores que carezcan de paneles,

placas o etiquetas de peligro o, en su caso, de cualquier otra señalización o marca

exigible, así como llevarlos ilegibles.

15.6 Transportar mercancías por carretera cuando no esté permitido hacerlo.

15.7 Utilizar vehículos o depósitos distintos a los prescritos en las normas que

regulen el transporte de las mercancías de que se trate.

En todo caso será constitutiva de esta infracción la utilización de cisternas,

vehículos batería o contenedores de gas de elementos múltiples cuyo uso no esté

permitido para el transporte de la mercancía peligrosa de que se trate.

15.8 No llevar a bordo del vehículo una carta de porte que cubra todas las

mercancías transportadas, o llevarla sin consignar cuáles sean éstas.

15.9 Transportar mercancías careciendo del permiso, autorización especial o

autorización previa que, en su caso, sea necesario o incumpliendo las condiciones

señaladas en ellos.

15.10 Incumplir la prohibición de fumar específicamente señalada en la

legislación sobre transporte de mercancías peligrosas.

15.11 No identificar el transporte de mercancías peligrosas en el exterior del

15.12 Utilizar fuego o luces no protegidas, así como aparatos de alumbrado

portátiles, con superficies capaces de producir chispas.

15.13 Consignar de forma inadecuada en la carta de porte la mercancía

transportada.

15.14 Incumplir las normas sobre el grado de llenado o sobre la limitación de

las cantidades a transportar por unidad de transporte.

15.15 Utilizar vehículos, depósitos o contenedores con paneles, placas,

etiquetas de peligro o cualquier otra señalización o marca exigible no adecuados a

la mercancía transportada.

15.16 Incumplir las normas de embalaje en común en un mismo bulto.

15.17 Incumplir las prohibiciones de cargamento en común en un mismo

15.18 Utilizar envases o embalajes no autorizados por las normas que

resulten de aplicación para el transporte de la mercancía de que se trate.

Se considerará incluido en esta infracción el uso de envases o embalajes no

homologados o que se encuentren gravemente deteriorados o presenten fugas o

que carezcan de alguno de los requisitos técnicos exigidos.

15.19 Transportar, cargar o descargar mercancías peligrosas cuando las

empresas involucradas en tales operaciones no tengan el preceptivo consejero de

seguridad o tengan uno que no se encuentre habilitado para actuar como tal en

relación con la materia o actividad de que se trate.

La responsabilidad por la comisión de las infracciones contempladas en este

punto corresponderá:

a) Al transportista, por la infracción tipificada en el apartado 15.1.

b) Al transportista y al cargador, por las infracciones tipificadas en los

apartados 15.2, 15.3, 15.4 y 15.5.

c) Al transportista y al cargador o expedidor, según el caso, por las infracciones

tipificadas en los apartados 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 y 15.11.

d) Al transportista, al cargador y al descargador, por la infracción tipificada en

el apartado 15.12.

e) Al cargador o expedidor, según el caso, por las infracciones tipificadas en

los apartados 15.13, 15.14, 15.15, 15.16, 15.17 y 15.18.

f) A la empresa obligada a tener consejero de seguridad, por la infracción

tipificada en el apartado 15.19.

A los efectos previstos en este punto y en los artículos 141.5 y 142.7, tendrá la

consideración de expedidor la persona física o jurídica por cuya orden y cuenta se

realiza el envío de la mercancía peligrosa y figura como tal en la carta de porte, con

independencia de que sea ella misma o un tercero el destinatario de las mercancías

así expedidas. Se considerará cargador o descargador la persona física o jurídica

que efectúa o bajo cuya responsabilidad se realizan las operaciones de carga o

descarga de la mercancía peligrosa.

16. La realización de actividades de transporte público o la intermediación en

su contratación, incumpliendo alguno de los requisitos exigidos para la obtención y

mantenimiento de la autorización que, en su caso, resulte preceptiva, excepto en

aquellos supuestos en que el requisito incumplido sea el señalado en el apartado f)

del artículo 43.1.

En todo caso, incurrirán en esta infracción quienes no comuniquen al Registro

de Empresas y Actividades de Transporte el cambio de su domicilio o de la

ubicación de sus centros de explotación o de los locales de que deban disponer a

efectos del cumplimiento del requisito de establecimiento.

17. La contratación de servicios de transporte por parte de transportistas,

agencias de transporte, transitarios, almacenistas-distribuidores, operadores

logísticos o cualquier otro profesional del transporte con transportistas u operadores

de transporte no autorizados.

En todo caso, incurrirá en esta infracción la persona jurídica profesionalmente

dedicada al transporte que contrate a alguna de las personas que la integran para

que realice un servicio de transporte, o abone las facturas que éstas le expidan por

tal concepto, cuando dichas personas no sean, a su vez, titulares de una

autorización de transporte o de operador de transporte.

18. La realización de transportes públicos o privados utilizando conductores

que carezcan del certificado de aptitud profesional o de la tarjeta de cualificación

(CAP) en vigor.

19. El incumplimiento de la obligación de suscribir el seguro exigido en el

artículo 21.1 o tenerlo suscrito con una cobertura insuficiente.

20. La carencia del tacógrafo, del limitador de velocidad o de alguno de sus

elementos, así como la de otros instrumentos o medios de control que exista la

obligación de llevar instalados en el vehículo.

En esta misma infracción incurrirán quienes llevando instalado el tacógrafo no

lo utilicen o lleven instalado un tacógrafo no homologado.

21. La carencia significativa de hojas de registro o de datos registrados en el

tacógrafo o en las tarjetas de los conductores que exista obligación de conservar

en la sede de la empresa.

Se considerará incluida en esta infracción la conservación de registros sin

cumplir la estructura de campo o la extensión del fichero reglamentariamente

establecidas.

22. No llevar insertada en el tacógrafo la tarjeta de conductor o la hoja de

registro de los tiempos de conducción y descanso, cuando ello resulte exigible, o

hacerlo de forma incorrecta, así como utilizar una tarjeta de otro conductor, una hoja

de registro con nombre o apellido diferentes a los del conductor o llevar insertada

una tarjeta que no debería utilizarse por haberse expedido un duplicado posterior.

Se considerará, asimismo, constitutiva de esta infracción la falta de

consignación de datos en una hoja de registro o documento de impresión de los

tiempos de conducción y descanso, cuando las normas de la Unión Europea

reguladoras de la materia le atribuyan la consideración de infracción muy grave.

23. El exceso igual o superior al 25 por ciento sobre la masa máxima total o

igual o superior al 50 por ciento sobre la masa máxima por eje que tenga

autorizadas el vehículo de que se trate.

Dichos porcentajes se reducirán al 20 y al 40 por ciento, respectivamente,

cuando la masa máxima que tenga autorizada el vehículo sea superior a 12

Cuando el vehículo se encuentre amparado por una autorización especial que

le permita circular con una masa superior a la que, de otro modo, le correspondería,

los señalados porcentajes deberán referirse a la masa máxima señalada en dicha

autorización especial.

Cuando se exceda la masa máxima total del vehículo, la responsabilidad por la

infracción corresponderá tanto al transportista como al cargador, al expedidor y al

intermediario que hubiesen intervenido en el transporte o su contratación, salvo

que alguno de ellos pruebe que no le resulta imputable.

Cuando se exceda la masa máxima por eje, la responsabilidad corresponderá

a quien hubiera realizado la estiba de la mercancía a bordo del vehículo o bajo

cuyas instrucciones se hubiera realizado ésta.

En los transportes de paquetería y mudanzas no se exigirá responsabilidad al

cargador ni al expedidor por el exceso sobre la masa autorizada, salvo que se

pruebe que su actuación resultó determinante de aquél.

24. La utilización en el tacógrafo de hojas de registro o tarjetas de conductor

que se encuentren manchadas o estropeadas de tal manera que impidan la lectura

de los datos registrados.

25. La utilización de una misma hoja de registro de los tiempos de conducción

y descanso por un período de tiempo superior al que corresponda, cuando haya

dado lugar a una superposición de registros que impida su lectura.

26. El uso incorrecto del selector de actividades del tacógrafo.

27. La prestación de servicios públicos de transporte regular de viajeros de

uso general cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

27.1 La falta de explotación del servicio por el propio contratista de la

Administración, salvo los supuestos de colaboración expresamente permitidos.

27.2 El incumplimiento de los tráficos o del número mínimo de expediciones

establecidos en el contrato de gestión del servicio público de que se trate, cuando

no deba calificarse conforme a lo señalado en el punto 14 de este artículo.

27.3 Denegar la venta de billetes o el acceso al vehículo a quienes los

hubieran adquirido, salvo que se den circunstancias legal o reglamentariamente

establecidas que lo justifiquen.

Asimismo, se incurrirá en esta infracción si se impide a ciertas categorías de

usuarios, o a quienes pretendan acceder al servicio en determinadas localidades o

zonas geográficas, adquirir o reservar billetes por cualquiera de los procedimientos

utilizados por la empresa con carácter general, o reciben un trato discriminatorio

respecto al resto de los usuarios en relación con dicha adquisición o reserva.

27.4 La realización del servicio transbordando injustificadamente a los

usuarios durante el viaje.

27.5 El incumplimiento del régimen tarifario previsto en el contrato de gestión

del servicio público de que se trate.

27.6 El incumplimiento de las condiciones de accesibilidad a los vehículos

establecidas con carácter general para todos los servicios públicos de transporte

regular de viajeros por carretera de uso general o especialmente señalados en el

pliego de condiciones o el contrato del servicio de que se trate.

Asimismo, incurrirá en esta infracción la empresa contratista del servicio cuyo

personal impida o dificulte su utilización a personas con discapacidad, incluso si no

existe obligación de que los vehículos se encuentren adaptados para ello, siempre

que, en este último supuesto, dichas personas aporten los medios que les resulten

precisos para acceder y abandonar el vehículo e instalarse en una plaza ordinaria.

28. La realización de transportes públicos regulares de viajeros de uso especial

incumpliendo cualquiera de las condiciones señaladas en la correspondiente

autorización con el carácter de esenciales, cuando dicho incumplimiento no se

encuentre expresamente tipificado de otra manera en esta ley.

29. En los transportes de uso especial de escolares y de menores, la ausencia

de una persona mayor de edad idónea, distinta del conductor, que conozca el

funcionamiento de los mecanismos de seguridad del vehículo, encargada del

cuidado de los menores, cuando ello resulte obligatorio.

30. En los transportes de uso especial de escolares y de menores, la falta de

plaza o asiento para cada menor así como la inexistencia de plazas cercanas a las

puertas de servicio que sean necesarias para personas de movilidad reducida.

31. La contratación de servicios de transporte terrestre de mercancías por

parte de transportistas, agencias de transporte, transitarios, almacenistas

distribuidores, operadores logísticos o cualquier otro profesional del transporte

incumpliendo la obligación de hacerlo en nombre propio, así como la contratación

de servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general en concepto

de porteador por quien no se encuentre habilitado para ello.

32. La realización de transportes de mercancías o discrecionales de viajeros

incumpliendo las condiciones establecidas en el artículo 54.

En idéntica infracción incurrirán las empresas o personas que actúen como

colaboradores incumpliendo las obligaciones que les afecten.

33. El inadecuado funcionamiento imputable al transportista del tacógrafo, del

limitador de velocidad o de alguno de sus elementos, así como el de otros instrumentos

o medios de control que exista la obligación de llevar instalados en el vehículo, cuando

no deba calificarse conforme a lo señalado en el punto 10 de este artículo.

34. La utilización del tacógrafo sin haber realizado su calibrado o revisión

periódica en los plazos y forma establecidos, habiendo sido reparado en un taller

no autorizado o careciendo de los precintos o placas preceptivos.

35. La carencia a bordo del vehículo de las hojas de registro de los tiempos

de conducción y descanso ya utilizadas o de los documentos de impresión que

resulte obligatorio llevar, con independencia del tipo de tacógrafo, analógico o

digital, que se esté utilizando.

En la misma infracción se incurrirá cuando no se lleve a bordo del vehículo la

tarjeta del conductor, aunque se esté utilizando un tacógrafo analógico, cuando

resulte necesaria para apreciar las condiciones de conducción durante el período

anterior exigible.

36. El incumplimiento por un centro de alguna de las condiciones que le

fueron exigidas para obtener la autorización habilitante para impartir cursos

preceptivos para la obtención o mantenimiento de alguna de las cualificaciones

reguladas por las normas de ordenación del transporte.

37. El incumplimiento de la legislación aplicable en materia de tiempos de

conducción y descanso de los conductores en los siguientes supuestos:

37.1 El exceso igual o superior al 50 por ciento en los tiempos máximos de

conducción diaria, así como la disminución de los descansos diarios por debajo de

cuatro horas y media.

37.2 El exceso igual o superior al 25 por ciento en los tiempos máximos de

conducción semanal o bisemanal.

37.3 El exceso superior a dos horas en los tiempos máximos de conducción

diaria, salvo que deba calificarse conforme a lo dispuesto en el apartado 37.1.

37.4 La conducción durante más de seis horas sin respetar las pausas

reglamentariamente exigidas.

37.5 La disminución del descanso diario normal en más de dos horas y media

o del reducido o fraccionado en más de dos horas, incluso cuando se realice

conducción en equipo, salvo que deba calificarse conforme a lo dispuesto en el

apartado 37.1.

37.6 La disminución del descanso semanal normal en más de nueve horas o

del reducido en más de cuatro.

38. El transporte de objetos o encargos distintos de los equipajes de los

viajeros al amparo de una autorización de transporte público de viajeros,

incumpliendo las condiciones que resulten exigibles de conformidad con las normas

internas o internacionales que resulten de aplicación.»

Setenta y ocho. El artículo 141 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 141.

Se reputarán infracciones graves:

1. El incumplimiento de la obligación de devolver a la Administración una

autorización o licencia de transporte, alguna de sus copias o cualquier otra

documentación cuando, por haber sido revocada o por cualquier otra causa legal o

reglamentariamente establecida, debiera haber sido devuelta, siempre que el

documento de que se trate conserve apariencia de validez.

2. El exceso igual o superior al 15 e inferior al 25 por ciento sobre la masa

máxima total o igual o superior al 30 e inferior al 50 por ciento sobre la masa

máxima por eje que tenga autorizadas el vehículo de que se trate.

Dichos porcentajes se reducirán, respectivamente, al 10 y el 20 por ciento

sobre la masa máxima total y al 25 y el 40 por ciento sobre la masa máxima por

eje, cuando la masa máxima que tenga autorizada el vehículo sea superior a 12

A efectos de responsabilidad, serán de aplicación las reglas establecidas en el

artículo 140.23.

3. No pasar la revisión periódica de algún instrumento o medio de control que

exista la obligación de llevar instalado en el vehículo, en los plazos y forma

establecidos, cuando no deba reputarse infracción muy grave de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 140.34.

4. La obstrucción que dificulte gravemente la actuación de los Servicios de

Inspección del Transporte Terrestre o de las fuerzas encargadas de la vigilancia del

transporte cuando no concurra alguno de los supuestos que, conforme a lo señalado

en el punto 12 del artículo 140, implicarían que se reputase infracción muy grave.

En los supuestos de requerimientos relativos al cumplimiento de la legislación

sobre tiempos de conducción y descanso de los conductores se considerará

cometida una infracción distinta por cada vehículo o conductor del que se aporte la

documentación solicitada en tiempo y forma distinta a la requerida.

5. La realización de transportes, carga o descarga de mercancías peligrosas

cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

5.1 No llevar a bordo las instrucciones escritas que resulten exigibles.

5.2 Incumplir lo dispuesto en las normas de aplicación o en las

correspondientes instrucciones escritas acerca del equipamiento del vehículo o de

los miembros de la tripulación.

5.3 Carecer de los extintores que resulten obligatorios en función del vehículo

o la carga transportada, o disponer de unos cuya correcta utilización no esté

garantizada.

5.4 Transportar viajeros en unidades que transporten mercancías peligrosas

fuera de los supuestos en que las normas reguladoras de esta clase de transportes

lo permitan.

5.5 Transportar mercancías peligrosas en vehículos de viajeros en cantidades

no permitidas.

5.6 Utilizar bultos o cisternas en el transporte que no estén correctamente

cerrados, incluso cuando estas últimas se encuentren vacías si no han sido

previamente limpiadas.

5.7 Transportar bultos de mercancía en un contenedor que no sea

estructuralmente adecuado.

5.8 Carecer del certificado de limpieza de la cisterna en los casos que sea

5.9 Incumplir las disposiciones sobre fechas de ensayo, inspección y plazos

de utilización de envases y embalajes o recipientes.

5.10 Transportar mercancías peligrosas en envases o embalajes deteriorados,

cuando no deba reputarse infracción muy grave de conformidad con lo dispuesto

en el apartado 18 del artículo 140.15.

5.11 No consignar en la carta de porte alguno de los datos que deben figurar

en ella o hacerlo inadecuadamente, cuando no deba reputarse infracción muy

grave de conformidad con lo dispuesto en los apartados 8 y 13 del artículo 140.15.

5.12 Etiquetar o marcar inadecuadamente los bultos.

5.13 Incumplir la obligación de conectar a tierra los vehículos cisterna durante

las maniobras de carga o descarga, cuando resulte exigible.

5.14 No realizar en las plantas cargadoras o descargadoras las

comprobaciones que sean obligatorias antes, durante o después de la carga.

5.15 Incumplir los consejeros de seguridad las obligaciones que les atribuye

su normativa específica.

5.16 Incumplir la obligación de remitir a las autoridades competentes el

informe anual y los partes de accidentes.

5.17 Incumplir la obligación de conservar los informes anuales durante el

plazo legalmente establecido.

5.18 No proporcionar a los trabajadores que intervienen en el manejo de

mercancías peligrosas la formación adecuada para prevenir riesgos ocasionales.

La responsabilidad por la comisión de las infracciones contempladas en este

punto corresponderá:

a) Al transportista por las infracciones tipificadas en los apartados 5.1, 5.2,

5.3, 5.4 y 5.5.

b) Al transportista y al cargador por las infracciones tipificadas en los

apartados 5.6 y 5.7.

c) Al transportista y al cargador o descargador, según el caso, por la infracción

tipificada en el apartado 5.8.

d) Al cargador por las infracciones tipificadas en los apartados 5.9 y 5.10.

e) Al cargador o expedidor, según el caso, por las infracciones tipificadas en

los apartados 5.11 y 5.12.

f) Al cargador o descargador por las infracciones tipificadas en los apartados

5.13 y 5.14.

g) A la empresa obligada a tener consejero de seguridad por la infracción

tipificada en los apartados 5.15, 5.16 y 5.17.

h) A la empresa de quien dependan los trabajadores por la infracción tipificada

en el apartado 5.18.

6. La utilización de títulos habilitantes en condiciones distintas a las

establecidas con carácter general o señaladas específicamente en el propio título,

salvo que el incumplimiento de dichas condiciones ya estuviera tipificado de forma

expresa en esta ley.

7. La oferta de servicios de transporte sin disponer del título habilitante

exigible para realizarlos o para intermediar en su contratación, tanto si se realiza de

forma individual a un único destinatario o se hace pública para conocimiento

general a través de cualquier medio.

8. El arrendamiento de vehículos con conductor fuera de las oficinas o locales

que reglamentariamente se determinen, así como la búsqueda o recogida de

clientes que no hayan sido contratados previamente.

En esta misma infracción incurrirán aquellos arrendadores de vehículos con

conductor que incumplan las limitaciones que definen la prestación habitual del servicio

en el territorio en que se encuentre domiciliada la autorización en que se amparan.

9. La realización de transportes públicos o privados utilizando para la

conducción del vehículo los servicios de una persona que requiera el certificado de

conductor de tercer país, careciendo de éste o incumpliendo alguna de las

condiciones que dieron lugar a su expedición.

10. La prestación de un servicio público de transporte regular de viajeros de

uso general incumpliendo alguna de las condiciones u obligaciones impuestas al

contratista en el correspondiente contrato de gestión, cuando no deba reputarse

infracción muy grave de conformidad con lo dispuesto en los puntos 14 ó 27 del

artículo 140.

Asimismo, incurrirá en esta infracción el contratista del servicio que incumpla la

obligación de transporte gratuito del equipaje de los viajeros en los supuestos y

hasta el límite en que ello resulte obligatorio.

11. La utilización de hojas de registro de los tiempos de conducción y

descanso no homologadas o que resulten incompatibles con el tacógrafo utilizado.

12. La falta de consignación de datos en una hoja de registro o documento de

impresión de los tiempos de conducción y descanso, cuando las normas de la Unión

Europea reguladoras de la materia le atribuyan la consideración de infracción grave.

13. La carencia no significativa de hojas de registro, de documentos de

impresión o de datos registrados en el tacógrafo o en las tarjetas de los conductores

que exista obligación de conservar en la sede de la empresa a disposición de la

Administración.

14. La realización de transportes privados careciendo de la autorización,

certificación o licencia que, en su caso, resulte preceptiva para ello de conformidad

con las normas reguladoras del transporte terrestre.

No se apreciará la infracción prevista en este punto cuando los hechos deban

reputarse infracción leve de conformidad con lo dispuesto en el artículo 142.1.

15. La venta de billetes para servicios no autorizados de transporte de

viajeros, salvo que deba reputarse infracción muy grave, de conformidad con los

puntos 5 ó 6 del artículo 140.

Asimismo, incurrirán en esta infracción los titulares de industrias o servicios

que, aún siendo ajenos al transporte, permitan que tales billetes se vendan en los

locales o establecimientos en que desarrollan su actividad.

16. La realización de transportes públicos interurbanos de viajeros en

vehículos de turismo cuando se de alguna de las siguientes circunstancias:

16.1 Haberse iniciado el servicio en un término municipal no autorizado.

16.2 Incumplimiento del régimen tarifario que resulte de aplicación.

17. La carencia, falta de diligenciado o falta de datos esenciales de la

documentación de control, estadística o contable cuya cumplimentación resulte

obligatoria.

Asimismo, serán constitutivas de dicha infracción la ocultación o falta de

conservación de dicha documentación, así como su falta de comunicación a la

Administración o la demora injustificada en dicha comunicación, incumpliendo lo

que al efecto se determine reglamentariamente.

En idéntica infracción incurrirán aquellas empresas que carezcan del

documento en que preceptivamente hayan de formularse las reclamaciones de los

usuarios, que nieguen u obstaculicen su uso o que oculten su contenido o retrasen

injustificadamente su comunicación a los Servicios de Inspección del Transporte

Terrestre que en cada caso resulten competentes.

No se apreciará la infracción tipificada en este punto cuando los hechos

comprobados deban reputarse infracción muy grave de conformidad con lo

dispuesto en los puntos 12, 21, 22 ó 35 del artículo 140 o calificarse conforme a lo

señalado en los puntos 9 ó 10 de este artículo.

18. La salida de los vehículos dedicados al arrendamiento con conductor del

lugar en que habitualmente se encuentren guardados o estacionados sin llevar a

bordo la documentación exigible o llevándola incorrectamente cumplimentada.

19. La desatención por el destinatario de un transporte de mercancías del

requerimiento que le formule una Junta Arbitral del Transporte para que ponga a su

disposición las mercancías que hubiese recibido, cuando corresponda que sean

depositadas en ejecución de lo dispuesto en el artículo 38.3.

20. La impartición de cursos que resulten preceptivos para la obtención o

mantenimiento de alguna de las cualificaciones reguladas por las normas de

ordenación del transporte, cuando se de alguna de las siguientes circunstancias:

20.1 Que los profesores no reúnan las condiciones de titulación o formación

específica exigidas para impartir la materia de que se trate.

20.2 Que el curso impartido no se ajuste al modelo previamente homologado.

20.3 Que el curso impartido no se ajuste a las características del que fue

comunicado al órgano administrativo competente.

20.4 Que no se haya puesto en conocimiento del órgano administrativo

competente, por los medios y en el plazo previstos para ello, que el profesor o la

materia impartida no coinciden con los que hubiesen sido inicialmente comunicados.

20.5 Que no se haya puesto en conocimiento del órgano administrativo

competente, por los medios y en el plazo previstos para ello, la falta de asistencia

injustificada de un cincuenta por ciento o más de los alumnos inscritos en el curso.

21. La realización de transportes de productos alimenticios o mercancías

perecederas utilizando un vehículo que carezca del certificado de conformidad para

el transporte de mercancías perecederas o tenerlo caducado o falseado.

La responsabilidad por la comisión de esta infracción corresponderá tanto al

transportista como al expedidor.

22. La contratación de servicios de transporte por parte de cargadores o

usuarios habituales con transportistas u operadores de transporte no autorizados,

cuando no deba reputarse muy grave de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 140.17.

23. La prestación de servicios de transporte de viajeros con vehículos que

incumplan las prescripciones técnicas sobre accesibilidad de personas con

movilidad reducida que, en cada caso, les resulten de aplicación, salvo que deba

reputarse infracción muy grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo

24. El incumplimiento de la legislación aplicable en materia de tiempos de

conducción y descanso de los conductores en los siguientes supuestos, salvo que

deba reputarse infracción muy grave de conformidad con lo establecido en el punto 37

del artículo 140:

24.1 El exceso superior a sesenta horas en el tiempo máximo de conducción

semanal o a cien en el bisemanal.

24.2 El exceso superior a una hora en los tiempos máximos de conducción

24.3 La conducción durante más de cinco horas, aunque sin rebasar las seis,

sin respetar las pausas reglamentariamente exigidas.

24.4 La disminución del descanso diario normal, reducido o fraccionado en

más de una hora.

24.5 La disminución del descanso semanal normal en más de tres horas o del

reducido en más de dos.

25. Cualquiera de las infracciones previstas en el artículo anterior, cuando por

su naturaleza, ocasión o circunstancia no deba ser calificada como muy grave,

debiendo justificarse la existencia de dichas circunstancias y motivarse la resolución

correspondiente.»

Setenta y nueve. El artículo 142 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 142.

Se reputarán infracciones leves:

1. La realización de transportes públicos o privados, así como la contratación

como porteador o la facturación en nombre propio de servicios de transporte,

careciendo de la autorización o licencia que, en su caso, resulte preceptiva, siempre

que se acredite que en el momento de realizarlos o contratarlos, se cumplían todos

los requisitos exigidos para su obtención y que ésta se ha solicitado dentro de los

15 días siguientes a la notificación del inicio del expediente sancionador.

2. El exceso superior al 5 e inferior al 15 por ciento sobre la masa máxima

total o superior al 20 e inferior al 30 por ciento sobre la masa máxima por eje que

tenga autorizadas el vehículo de que se trate.

Dichos porcentajes se reducirán, respectivamente, al 2,5 y el 10 por ciento sobre

la masa máxima total y al 15 y el 25 por ciento sobre la masa máxima por eje, cuando

la masa máxima que tenga autorizada el vehículo sea superior a 12 toneladas.

A efectos de responsabilidad, serán de aplicación las reglas establecidas en el

artículo 140.23.

3. La utilización de hojas de registro de los tiempos de conducción y descanso

manchadas o estropeadas cuando, no obstante, los datos registrados resulten

legibles; la utilización de hojas durante un período mayor a aquél para el que esté

previsto, cuando no haya supuesto la pérdida de datos, y la retirada no autorizada

de tales hojas cuando ello no afecte a los datos registrados.

Se considerará asimismo incluida en esta infracción la falta o insuficiencia de

papel en el que deben imprimirse las actividades de los conductores registradas

por el tacógrafo digital, cuando no deba reputarse infracción muy grave de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 140.22.

4. La falta de consignación de datos en una hoja de registro o documento de

impresión de los tiempos de conducción y descanso, cuando las normas de la

Unión Europea reguladoras de la materia le atribuyan la consideración de infracción

5. La inexistencia de algún rótulo o aviso cuya exhibición para conocimiento

público resulte obligatoria.

6. El incumplimiento en los transportes interurbanos de viajeros contratados

por plaza con pago individual de la obligación de expedir los correspondientes

títulos de transporte a los usuarios o de las normas establecidas para su despacho

o devolución, o expedirlos incumpliendo cualquier otra condición exigible.

7. La realización de transporte de mercancías peligrosas cuando concurra

alguna de las siguientes circunstancias:

7.1 No llevar a bordo los documentos relativos al vehículo que resulten

obligatorios, poseyéndolos, cuando no deba reputarse infracción muy grave de

conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 140.15.

7.2 Utilizar paneles, placas, etiquetas, marcas, letras, figuras o símbolos cuyo

tamaño no se ajuste al exigido.

7.3 No llevar a bordo del vehículo un documento de identificación con

fotografía para cada miembro de la tripulación, cuando sea exigible.

7.4 No llevar correctamente sujetas las placas, paneles o etiquetas de peligro.

7.5 Utilizar documentos de transporte o acompañamiento en los que no se

haya hecho constar toda la información obligatoria, cuando no deba reputarse

infracción grave o muy grave de conformidad con lo dispuesto en el apartado 11 del

artículo 141.5 y en los apartados 8 ó 13 del artículo 140.15.

7.6 No incluir en los informes anuales o en los partes de accidentes alguno de

los datos exigibles por la normativa vigente.

7.7 No comunicar a los órganos competentes la identidad de los consejeros

de seguridad con que cuente la empresa y sus áreas de responsabilidad.

7.8 No conservar los informes anuales durante el plazo reglamentariamente

establecido, siempre que hubieran sido remitidos a los órganos competentes.

7.9 Remitir a las autoridades competentes el informe anual o los partes de

accidente fuera de los plazos reglamentariamente establecidos.

La responsabilidad por la comisión de las infracciones contempladas en este

punto corresponderá:

a) Al transportista por las infracciones tipificadas en los apartados 7.1, 7.2, 7.3

b) Al cargador o expedidor, según el caso, por la infracción tipificada en el

apartado 7.5.

c) A la empresa obligada a tener consejero de seguridad por las infracciones

tipificadas en los apartados 7.6, 7.7, 7.8 y 7.9.

8. La realización de transportes públicos o privados sin llevar a bordo del

vehículo la documentación formal que acredite la posibilidad legal de prestarlos o

que resulte exigible para la determinación de la clase de transporte que se está

realizando, salvo que dicha infracción deba ser calificada como muy grave o grave

conforme a lo dispuesto en los artículos 140.1 y 141.14.

Se considerará incluido asimismo en esta infracción el incumplimiento de la

obligación de que dicha documentación se encuentre en lugar visible desde el

exterior del vehículo, en los casos en los que así se exija expresamente en las

disposiciones reguladoras de la modalidad de transporte de que se trate.

9. El arrendamiento de vehículos sin conductor incumpliendo las condiciones

que reglamentariamente se determinen, salvo que deba reputarse infracción muy

grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140.3 ó 140.32.

10. La realización de transportes públicos regulares de viajeros de uso

especial incumpliendo alguno de los requisitos establecidos en la correspondiente

autorización sin atribuirle carácter esencial.

11. El trato desconsiderado de palabra u obra con los usuarios por parte del

personal de la empresa en el transporte de viajeros.

12. En el transporte escolar y de menores, el incumplimiento por la entidad

contratante de su obligación de exigir al transportista los documentos o justificantes

que resulte preceptivo con arreglo a las normas que regulan la seguridad en dichos

transportes.

13. En el transporte de viajeros, la carencia de cambio de moneda metálica o

billetes hasta la cantidad que, en su caso, se encuentre reglamentariamente

determinada.

14. El incumplimiento por los usuarios de los transportes de viajeros de las

siguientes prohibiciones:

14.1 Impedir o forzar la apertura o cierre de las puertas de acceso a los

14.2 Manipular los mecanismos de apertura o cierre de las puertas de acceso

al vehículo o de cualquiera de sus compartimentos previstos para su accionamiento

exclusivo por el personal de la empresa transportista.

14.3 Hacer uso sin causa justificada de cualquiera de los mecanismos de

seguridad o socorro instalados en el vehículo para casos de emergencia.

14.4 Abandonar el vehículo o acceder a éste fuera de las paradas en su caso

establecidas al efecto, salvo causa justificada.

14.5 Realizar, sin causa justificada, cualquier acto susceptible de distraer la

atención del conductor o entorpecer su labor cuando el vehículo se encuentre en

14.6 Viajar en lugares distintos a los habilitados para los usuarios.

14.7 Viajar careciendo de un título de transporte suficiente para amparar la

utilización del servicio de que se trate.

14.8 Toda acción injustificada que pueda implicar deterioro o causar suciedad

en los vehículos o estaciones de transporte.

15. La impartición de cursos que resulten preceptivos para la obtención o

mantenimiento de alguna de las cualificaciones reguladas por las normas de

ordenación del transporte, sin haber puesto en conocimiento del órgano

administrativo competente, por los medios y en el plazo previstos para ello, la falta

de asistencia injustificada de un veinticinco por ciento o más de los alumnos

inscritos en el curso, salvo que deba reputarse infracción grave de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 141.20.

16. La realización de transporte de mercancías perecederas sin llevar en el

vehículo las marcas de identificación e indicaciones reglamentarias o llevándolas

en lugares distintos a los establecidos.

La responsabilidad por la comisión de las infracciones contempladas en este

punto corresponderá al transportista o, en su caso, al titular del vehículo.

17. Todo exceso en los tiempos máximos de conducción, así como la

disminución de los períodos de descanso, salvo que deba reputarse infracción

grave o muy grave de conformidad con lo dispuesto en los artículos 141.24 ó

18. La falta de comunicación de cualquier dato o circunstancia que deba

figurar en el Registro de Empresas y Actividades de Transportes o que exista

obligación por otra causa de poner en conocimiento de la Administración, cuando

no deba reputarse infracción muy grave de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 140.16.

19. Cualquiera de las infracciones previstas en el artículo anterior, cuando,

por su naturaleza, ocasión o circunstancias, no deba ser calificada como grave,

debiendo justificarse la existencia de dichas circunstancias y motivarse la resolución

correspondiente.»

Ochenta. El artículo 143 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 143.

1. Las sanciones por las infracciones tipificadas en los artículos anteriores se

graduarán de acuerdo con la repercusión social del hecho infractor y su

intencionalidad; con la naturaleza de los perjuicios causados, con especial atención

a los que afecten a las condiciones de competencia o a la seguridad; con la

magnitud del beneficio ilícitamente obtenido, y con la reincidencia o habitualidad en

la conducta infractora, conforme a las reglas y dentro de las horquillas siguientes:

a) Se sancionarán con multa de 100 a 200 euros las infracciones previstas en

los puntos 13, 14, 15, 16, 17 y 18 del artículo 142.

b) Se sancionarán con multa de 201 a 300 euros las infracciones previstas en

los puntos 8, 9, 10, 11 y 12 del artículo 142.

c) Se sancionarán con multa de 301 a 400 euros las infracciones previstas en

los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 142.

d) Se sancionarán con multa de 401 a 600 euros las infracciones previstas en

los puntos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 del artículo 141.

e) Se sancionarán con multa de 601 a 800 euros las infracciones previstas en

los puntos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15 y 16 del artículo 141.

f) Se sancionarán con multa de 801 a 1.000 euros las infracciones previstas

en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 141.

g) Se sancionará con multa de 1.001 a 2.000 euros las infracciones previstas en

los puntos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38 del artículo 140.

h) Se sancionará con multa de 2.001 a 4.000 euros las infracciones previstas

en los puntos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 del artículo 140.

i) Se sancionarán con multa de 4.001 a 6.000 euros las infracciones previstas

en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del artículo 140.

j) Se sancionarán con multa de 6.001 a 18.000 euros las infracciones

reseñadas en el apartado i) cuando el responsable de las mismas ya hubiera sido

sancionado, mediante resolución que ponga fin a la vía administrativa, por la

comisión de cualquier otra infracción muy grave de las previstas en esta ley en los

12 meses anteriores.

k) Cuando fuera de aplicación lo previsto en los artículos 141.25 y 142.19, la

cuantía de la sanción que en su caso corresponda imponer estará comprendida,

respectivamente, dentro de los límites establecidos en los apartados d), e) y f) y a),

2. La imposición de las sanciones que, en su caso, correspondan será

independiente de la posible obligación de indemnizar los daños y perjuicios

3. Cuando sea detectada la comisión de la infracción prevista en el punto 16

del artículo 140, la Administración actuante lo comunicará al Registro de Empresas

y Actividades de Transporte para que realice la oportuna anotación y, de oficio, lo

comunique, a su vez, a la Administración competente sobre las autorizaciones

afectadas, a fin de que ésta proceda a su suspensión en los términos señalados en

el artículo 52.

Cuando en la comisión de la infracción prevista en el punto 10 del artículo 140,

hubiesen intervenido talleres autorizados, con independencia de la sanción que

corresponda, se propondrá al órgano competente la retirada de la correspondiente

autorización.

4. Deberá ordenarse la inmediata inmovilización del vehículo hasta que se

supriman los motivos determinantes de la infracción, en los siguientes supuestos:

a) Cuando sean detectadas durante su comisión en carretera infracciones

que deban ser denunciadas de acuerdo con lo previsto en los puntos 1, 10, 11, 12,

15.6, 15.7, 15.11, 15.18 ó 23 del artículo 140 ó en el punto 2 del artículo 141.

b) Cuando se detecte durante su comisión en carretera el incumplimiento de

los tiempos de conducción diaria o de los períodos obligatorios de pausa o

descanso diario, salvo que la infracción deba reputarse leve y la distancia que

todavía deba recorrer el vehículo para alcanzar su destino no sea superior a 30

kilómetros.

c) Cuando sean detectadas en carretera conductas infractoras en las que

concurran circunstancias que puedan entrañar peligro para la seguridad, aún

cuando no concurra ninguno de los supuestos señalados anteriormente.

A los efectos previstos en este punto, los miembros de los Servicios de

Inspección del Transporte Terrestre o los agentes de las fuerzas encargadas de la

vigilancia del transporte actuantes habrán de retener la documentación del vehículo

y, en su caso, la de la mercancía, así como la correspondiente autorización, hasta

que se subsanen las causas que dieron lugar a la inmovilización, siendo, en todo

caso, responsabilidad del transportista la custodia del vehículo, su carga y

pertenencias.

Cuando la inmovilización del vehículo pueda entrañar un peligro para la

seguridad, el transportista vendrá obligado a trasladar el vehículo hasta el lugar

que designe la autoridad actuante. En caso de no hacerlo, tal medida podrá ser

adoptada por aquélla. Los gastos que pudieran originar las operaciones

anteriormente señaladas serán, en todo caso, por cuenta del transportista, quien

deberá abonarlos como requisito previo a la devolución del vehículo.

La autoridad actuante únicamente podrá optar por no inmovilizar el vehículo en

los supuestos anteriormente indicados, cuando concurran circunstancias bajo las

que esa medida entrañaría un mayor peligro para la seguridad, las cuales deberán

quedar documentadas expresamente en su denuncia.

5. La comisión de las infracciones señaladas en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9, 10, 11, 14, 15.6, 15.7, 15.11, 15.18, 16, 17, 18, 20, 23, 37.1 y 37.2 del artículo

140, darán lugar a la pérdida de la honorabilidad de la persona que, en su caso,

ocupe el puesto de gestor de transporte en la empresa infractora, durante un plazo

no superior a un año, salvo que el órgano competente acuerde lo contrario

mediante resolución motivada, por estimar que ello resultaría desproporcionado en

el caso concreto de que se trate.

En todo caso, se entenderá desproporcionada la pérdida de la honorabilidad

cuando el infractor no hubiese sido sancionado por la comisión de ninguna otra

infracción muy grave en los 365 días anteriores a aquél en que cometió la que

ahora se sanciona.

A efectos de lo dispuesto en este punto, la Administración actuante deberá

sustanciar un expediente sancionador al gestor de transporte, con propuesta de la

pérdida de honorabilidad, independiente aunque simultáneamente a la tramitación

del que se sustancie a la empresa por la comisión de la infracción de que se trate.

En su caso, no procederá acordar la pérdida de honorabilidad del gestor, cuando

éste pruebe que los hechos constitutivos de la infracción no le resultaban

imputables por razón de su cargo.

Cuando la infracción se hubiese cometido careciendo de autorización, la

pérdida de honorabilidad afectará a la persona física que, en nombre propio o en

representación de una persona jurídica, hubiese formalizado el contrato o emitido

la factura de que se trate.

Cuando la resolución sancionadora conlleve la pérdida de la honorabilidad del

gestor de transporte, el órgano que la adopte lo comunicará al Registro de

Empresas y Actividades de Transporte para que realice la oportuna anotación y, de

oficio, lo comunique, a su vez, a la Administración competente sobre las

autorizaciones afectadas, a fin de que ésta proceda a su suspensión, en los

términos señalados en el artículo 52.»

Ochenta y uno. Se suprime el artículo 144, que queda sin contenido.

Ochenta y dos. Los puntos 2, 3 y 4 del artículo 146 quedan redactados en los

siguientes términos:

«2. El procedimiento para la imposición de las sanciones previstas en esta ley

se ajustará a las normas específicas que en ella se establecen y a las que

reglamentariamente se señalen. En lo no previsto en dichas normas se estará a lo

establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Con objeto de establecer la posible existencia de alguno de los supuestos de

reincidencia o habitualidad en la conducta infractora contemplados en este capítulo,

la tramitación de todo procedimiento sancionador por la comisión de las infracciones

tipificadas en esta ley deberá incluir expresamente la consulta al Registro de

Empresas y Actividades de Transporte que permita conocer si existen sanciones

previas que determinen dicha reincidencia o habitualidad.

El plazo máximo en que deberá notificarse la resolución del procedimiento

sancionador será de un año, contado desde la fecha del acuerdo de incoación del

procedimiento.

El procedimiento para la imposición de las sanciones previstas en esta ley se

iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o

como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por

Las notificaciones se efectuarán, conforme proceda, en la dirección electrónica

o postal del interesado que figure en el Registro de Empresas y Actividades de

Transporte.

No obstante, las denuncias formuladas por los Servicios de Inspección del

Transporte Terrestre o por las fuerzas encargadas de la vigilancia del transporte en

carretera, entregadas en el acto al denunciado, constituirán la iniciación del

procedimiento sancionador y la notificación de la denuncia, siempre que aquél pague

voluntariamente la sanción en ese mismo momento, teniendo este pago las mismas

consecuencias que las establecidas en el procedimiento ordinario. El referido pago

deberá efectuarse en metálico en euros o utilizando una tarjeta de crédito.

Los órganos de las distintas Administraciones públicas competentes para

sancionar las infracciones previstas en esta ley, comunicarán al Registro de

Empresas y Actividades de Transporte las sanciones que impongan, con objeto de

que se realice la pertinente anotación, en el plazo máximo de 30 días, contados

desde la resolución sancionadora que ponga fin a la vía administrativa.

3. Las sanciones pecuniarias podrán hacerse efectivas conforme a lo que

reglamentariamente se establezca.

En todos aquellos supuestos en que el interesado decida voluntariamente

hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 30 días siguientes a la

notificación del expediente sancionador, la cuantía pecuniaria de la sanción

inicialmente propuesta se reducirá en un 30 por ciento.

El pago de la sanción pecuniaria con anterioridad a que se dicte la resolución

sancionadora implicará la conformidad con los hechos denunciados y la renuncia a

formular alegaciones por parte del interesado y la terminación del procedimiento,

debiendo, no obstante, dictarse resolución expresa. Aunque el procedimiento

sancionador se dé por terminado de esta manera, el interesado podrá interponer

idénticos recursos a los que le hubieran correspondido en el supuesto de que el

procedimiento hubiese terminado de forma ordinaria.

4. Con independencia de lo establecido en el punto 2, en la imposición y

ejecución de sanciones por infracciones cometidas por personas que no acrediten

su residencia en territorio español serán de aplicación las reglas que a continuación

se establecen, junto con las que, en su caso, se señalen reglamentariamente de

forma expresa:

a) El vehículo utilizado en la realización del transporte objeto de la denuncia

quedará inmovilizado hasta que la empresa denunciada no pague la sanción

señalada o bien deposite su importe o garantice su pago.

El depósito que, en su caso, realice el denunciado deberá constituirse en

metálico en euros o utilizando una tarjeta de crédito.

Cuando el denunciado no haga efectivo el depósito del importe de la sanción

en el momento de la denuncia, se le permitirá, no obstante, que señale una persona

o entidad que constituya caución suficiente del pago del importe total de la sanción

propuesta en la denuncia, conforme a lo que reglamentariamente se determine.

b) Si el intento de realizar cualquier notificación al denunciado en el curso del

expediente sancionador resultase fallido, aquélla se remitirá al departamento

ministerial competente en materia de transportes del país en que resida para que le

dé traslado, considerándose así realizada definitivamente la notificación.

c) Cuando las sanciones impuestas mediante resolución que ponga fin a la

vía administrativa no sean satisfechas en período voluntario, se podrá proceder, si

el vehículo de que se trate hubiera quedado inmovilizado durante la tramitación del

expediente, a su venta en pública subasta, en la forma que reglamentariamente se

establezca, quedando el dinero obtenido afecto al pago del importe de la sanción,

de los gastos originados por la inmovilización y la subasta, así como de los gastos

que pudieran haberse producido como consecuencia de la responsabilidad del

transportista por la custodia del vehículo, su carga y pertenencias. El sobrante, si lo

hubiere, quedará a disposición de la persona denunciada.»

Ochenta y tres. El artículo 149 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 149.

Cuando la Administración haya de hacerse cargo de la custodia de un vehículo

inmovilizado por alguna de las causas previstas en esta ley, advertirá expresamente

a su titular, a través de la correspondiente notificación, de que si transcurren más

de dos meses sin que haya formulado alegación alguna, se podrá acordar su

traslado a un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos para su posterior

destrucción y descontaminación.»

Ochenta y cuatro. Se añade una nueva disposición adicional décima, con el

Se faculta al Gobierno para modificar las cuantías señaladas en el apartado b)

del artículo 46, cuando ello resulte pertinente para acomodarlo a los cambios que,

en su caso, puedan introducirse en la reglamentación de la Unión Europea.

Asimismo, se faculta al Gobierno para incorporar a nuestro ordenamiento

jurídico, por vía reglamentaria, las nuevas infracciones y criterios sancionadores

que, en su caso, puedan ser establecidos en el futuro por la referida reglamentación

comunitaria.

Cuando la Comisión Europea, en uso de las facultades que le atribuye el

artículo 6.2 b) del Reglamento (CE) n.o. 1071/2009 del Parlamento Europeo y del

Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas comunes

relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de

transportista por carretera y por el que se deroga la Directiva 96/26/CE determine

nuevas infracciones cuya comisión reiterada dé lugar a la pérdida de la

honorabilidad de la empresa transportista, el Gobierno, en la medida en que la

norma comunitaria lo permita, podrá establecer criterios de proporcionalidad que

relacionen dicha reiteración con la dimensión de la empresa infractora.»

Ochenta y cinco. Se añade una nueva disposición adicional undécima, con el

«Undécima.

1. No obstante lo dispuesto en los artículos 22, 43 y 102, los transportes

realizados por la Cruz Roja Española y otras entidades cuya actividad principal sea

la prestación de servicios de asistencia sanitaria con una finalidad humanitaria y

social de carácter general, se considerarán complemento necesario de ésta, y, en

consecuencia se conceptuarán como transporte privado complementario, en los

siguientes supuestos:

a) Transporte de personas cuya asistencia sanitaria realice la propia entidad

b) Transportes sanitarios que se realicen sin percibir retribución alguna.

c) Transportes sanitarios derivados de situaciones especiales tales como

operaciones de rescate y salvamento, accidentes, catástrofes, calamidades

públicas, conflictos sociales, epidemias, riesgos o siniestros colectivos y sucesos

d) Transportes sanitarios derivados de urgencias o emergencias no

previsibles.

e) Transporte inmediato de los lesionados en accidentes de tráfico al

correspondiente centro hospitalario o asistencial.

f) Transportes realizados con ocasión de la cobertura sanitaria por la entidad

benéfica de que se trate de actividades deportivas, culturales y recreativas.

g) Servicios de transporte sanitario que se desarrollen en un territorio en que

los medios de transporte público y oficial existentes resulten insuficientes para

atender las necesidades de esta clase de transporte en dicho territorio.

h) Servicios de transporte sanitario que se desarrollen en un territorio en que

el nivel de competencia sea insuficiente o inadecuado para garantizar la libre

elección de usuario, a juicio del órgano que ostente la competencia en materia de

sanidad en dicho territorio.

Los costes que la prestación de los mencionados transportes genere a las

entidades a que se refiere esta disposición, se considerarán incluidos en el conjunto

de los que éstas soportan como consecuencia de su actividad general de carácter

humanitario y social y, por tanto, la remuneración que, en su caso, puedan percibir

por dicha prestación se entenderá siempre referida a dicha actividad general, no

atribuyéndosele, en consecuencia, el carácter de percepción independiente a los

efectos previstos en el apartado e) del artículo 102.2.

2. La Cruz Roja Española y demás entidades benéficas, al objeto de acreditar

el cumplimiento de los requisitos contemplados en el apartado d) del citado

artículo 102.2, podrán sustituir la documentación relativa a la integración de los

conductores en su organización por la que acredite la relación desinteresada que

guardan con ellas los correspondientes conductores.»

Ochenta y seis. Se añade una nueva disposición adicional duodécima, con el

«Duodécima.

El transporte por carretera de vehículos accidentados o averiados que se lleve

a cabo en el marco de una operación de auxilio en carretera se regirá por lo

dispuesto en esta ley, sin perjuicio de lo que, en su caso, se establezca en la

legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial acerca

de las condiciones de realización de tales operaciones o de las características que

deban cumplir las empresas que las desarrollen o los vehículos y demás medios

que se hayan de utilizar.»

Ochenta y siete. Se añade una nueva disposición final segunda, con el siguiente texto:

«Disposición final segunda.

1. Los artículos 3, 4 y el punto 1 del artículo 12 constituyen legislación básica,

dictada al amparo del artículo 149.1.13.a de la Constitución, que atribuye al Estado

la competencia sobre las bases y coordinación de la planificación general de la

actividad económica.

2. El artículo 14 constituye legislación básica dictada al amparo del artículo

149.1.4.a y 16.a de la Constitución, que atribuyen al Estado, respectivamente, la

competencia sobre la Defensa y las bases y coordinación general de la sanidad.

3. El artículo 22 y los párrafos segundo y tercero del punto 3 del artículo 119

se dictan al amparo del artículo 149.1.6.a de la Constitución, que atribuye al Estado

la competencia sobre la legislación mercantil.

4. Los artículos 29, 30 y el último párrafo del artículo 31, en cuanto se refiere

este último a la colaboración en la homologación de los planes territoriales,

constituyen legislación básica dictada al amparo del artículo 149.1.4.a de la

Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre la Defensa.

5. Los puntos 2 y 3 del artículo 32 se dictan al amparo del artículo 149.1.29.a

de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre la seguridad

6. Los artículos 37 y 38 se dictan al amparo del artículo 149.1.6.a de la

Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre la legislación procesal.

7. Los párrafos primero y tercero del artículo 55; los puntos 10, 11, 15, 20, 21,

22, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 35 y 37 del artículo 140; los puntos 2, 5, 11, 12, 13 y 24

del artículo 141, y los puntos 2, 3, 4, 7 y 17 del artículo 142 se dictan al amparo del

artículo 149.1.21.a de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia en

materia de tráfico y circulación de vehículos a motor.

8. El artículo 71, el punto 1 del artículo 72, el punto 1 del artículo 73 y los

artículos 75 y 85, constituyen legislación básica dictada al amparo del artículo

149.1.18.a de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia para dictar la

legislación básica sobre contratos administrativos.

9. El punto 2 del artículo 94 constituye legislación básica al amparo de lo

dispuesto en el artículo 149.1.1.a de la Constitución, que atribuye al Estado la

competencia para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la

igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos constitucionales.

10. Las restantes disposiciones de esta ley se dictan al amparo de lo

dispuesto en el artículo 149.1.21.a de la Constitución, que atribuye al Estado la

competencia sobre ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el

territorio de más de una comunidad autónoma.»

Artículo segundo. Modificación de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

Se modifica el artículo 78 y se añade una disposición adicional decimotercera a la

Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

Uno. Se suprime el apartado 2 del artículo 78.

Dos. Se adiciona una nueva disposición adicional decimotercera con el siguiente texto:

«Disposición adicional decimotercera. Tasa de seguridad aérea.

1. Se crea la tasa de seguridad aérea que se regirá por esta ley y por las

demás fuentes normativas que para las tasas se establecen en la Ley 8/1989, de

13 de abril de Tasas y Precios Públicos.

2. Constituye el hecho imponible de la tasa de seguridad aérea la realización

por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea de actividades y la prestación

de servicios de supervisión e inspección en materia de seguridad aérea.

3. Estarán obligados al pago de la tasa, en su condición de sujetos pasivos

contribuyentes, los pasajeros de salida que embarquen en los aeropuertos

españoles, independientemente de las etapas posteriores intermedias que pueda

realizar el vuelo y el destino del mismo. A estos efectos, tendrán la consideración

de pasajeros aquellas personas que sean transportadas en calidad de viajeros

como consecuencia de un contrato de transporte o de arrendamiento. Serán

sujetos pasivos sustitutos, el particular, Administraciones, organismos o compañía

aérea transportista, con quien el pasajero hubiera contratado el transporte o

arrendamiento.

4. La tasa no se aplicará al transporte de viajeros en aeronaves de Estado

españolas o al servicio de las Comunidades Autónomas y otras Entidades Locales,

siempre y cuando realicen servicios públicos no comerciales, o en aeronaves de

Estado extranjeras, en el caso de que los Estados a que pertenezcan concedan

análoga exención a las aeronaves de Estado españolas.

5. La tasa no se exigirá al transporte de viajeros cuando éstos hubiesen

adquirido el título de transporte en fecha anterior a la entrada en vigor de dicha

tasa, con independencia de la fecha en que se realice dicho transporte.

6. La tasa se devengará en el momento del embarque del pasajero y se

liquidará por el sujeto pasivo sustituto al gestor aeroportuario con antelación a la

salida de la aeronave que transporte al pasajero, o, cuando así se acuerde por el

gestor aeroportuario con la aprobación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea,

dentro de los primeros diez días de cada mes con referencia a los devengos

producidos en el mes anterior.

7. Las cantidades percibidas por el gestor aeroportuario por esta tasa serán

ingresadas por éste mensualmente, y siempre dentro de los quince primeros días

naturales, mediante transferencia directa a la Agencia Estatal de Seguridad

La cantidad a transferir cada mes (M) será la suma de todos los importes de los

derechos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea efectivamente cobrados por el

gestor aeroportuario durante el mes anterior (M-1). Dicha cantidad incluirá tanto los

importes facturados y percibidos por el gestor aeroportuario correspondientes a las

tasas devengadas en el mes inmediato anterior (M-1), como los importes

correspondientes a lo efectivamente cobrado en dicho mes por la facturación

correspondiente a meses anteriores que no se hubiera satisfecho en el mes de

devengo, incluyendo, en su caso, la parte proporcional de los posibles intereses

por demora en el pago.

Junto a la liquidación mensual correspondiente, el gestor aeroportuario

remitirá a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea una certificación en la que se

desglose la cantidad ingresada por el sujeto obligado al pago y por fecha de

devengo de la tasa, así como el número de pasajeros embarcados en el mes

inmediato anterior.

8. La cuantía de esta tasa será de 0,579885 euros por pasajero de salida.

9. Se aplicará a la cuantía de esta tasa las reducciones previstas en el

artículo 78.2 para la prestación patrimonial pública de seguridad aeroportuaria

devengada en los aeropuertos de las Islas Canarias, Illes Balears, Ceuta y Melilla.

10. La gestión y cobro de la tasa corresponde a la Agencia Estatal de

Seguridad Aérea, con la colaboración del gestor aeroportuario en los términos

establecidos en el apartado 7.

11. El importe íntegro de lo recaudado por esta tasa formará parte del

presupuesto de ingresos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.»

Disposición adicional primera. Declaración de obligaciones de servicio público.

La declaración de nuevas obligaciones de servicio público corresponde al Consejo de

Ministros, a propuesta del Ministro de Fomento y previo informe de la Comisión Delegada

del Gobierno para Asuntos Económicos.

La revisión o modificación de dichas obligaciones únicamente requerirá el Acuerdo

del Consejo de Ministros y el informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos

Económicos cuando implique el otorgamiento de nuevas subvenciones públicas para su

compensación o el incremento de las que ya se venían otorgando a tal efecto.

 

Disposición adicional segunda. Cambios de denominación.

Todas las referencias al Registro General de Transportistas y de Empresas de

Actividades Auxiliares y Complementarias del Transporte contenidas en la legislación

actualmente vigente deberán entenderse hechas al Registro de Empresas y Actividades

Los términos «concesión de transporte regular de viajeros» y «título concesional»

deberán considerarse sustituidos en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los

Transportes Terrestres y en las normas reglamentarias dictadas para su ejecución y

desarrollo por el término «contrato de gestión de servicio público de transporte regular de

viajeros de uso general».

En el mismo sentido, el término «concesionario» se sustituirá por el de «contratista

del servicio público».

Los términos «autorización habilitante para el transporte discrecional», «autorización

de transporte público discrecional» y «autorización de transporte discrecional», deberán

considerarse sustituidos por el término «autorización de transporte público».

Las calificaciones de los transportes regulares de viajeros como permanentes o

temporales se tendrán por no hechas.

Disposición adicional tercera. Certificados de competencia profesional.

Los certificados expedidos antes del 4 de diciembre de 2011 como prueba de la

competencia profesional para el ejercicio de las distintas actividades de transporte y

auxiliares y complementarias de éste en virtud de las diferentes disposiciones que hasta

esa fecha vinieron regulando esa materia, se asimilan al certificado de competencia

profesional conforme con el modelo aprobado por el Reglamento (CE) n.o 1071/2009 del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen

las normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de

la profesión de transportistas por carretera y por el que se deroga la Directiva 96/26/CE.

Como consecuencia, se modificarán todas las anotaciones en la materia obrantes en

el Registro de Empresas y Actividades de Transporte, sustituyendo la denominación

«capacitación profesional para el ejercicio de (la actividad de que se trate)» por la

denominación «competencia profesional para el transporte de (mercancías o viajeros) por

Disposición adicional cuarta. Coordinación del Registro de Empresas y Actividades

de Transporte con otros Registros.

1. En el plazo máximo de un año, contado desde la entrada en vigor de esta ley, los

Ministerios de Justicia y de Fomento adoptarán las medidas necesarias para que el

Registro Mercantil y el Registro de Empresas y Actividades de Transporte estén

coordinados, de manera que se pueda obtener información recíproca relativa a la

denominación, domicilio y capital social de las empresas titulares de autorizaciones de

transporte o de operador de transporte, así como a la identidad de las personas que

ostentan su representación.

2. En el plazo máximo de un año, contado desde la entrada en vigor de esta ley, los

Ministerios del Interior y de Fomento adoptarán las medidas necesarias para que el

Registro de Empresas y Actividades de Transporte y los diferentes Registros de la

Dirección General de Tráfico estén coordinados, de manera que se pueda obtener

información recíproca en relación con sus contenidos.

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2.a) de la Ley Orgánica 15/1999,

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, para la expedición de

información entre los sistemas de los Registros a que se refiere esta disposición, no será

necesario el consentimiento del afectado.

En aplicación de los principios contemplados en el artículo 4 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, la obtención de información conforme a esta disposición no

devengará arancel alguno.

Disposición adicional quinta. Registro de los títulos y licencias habilitantes para la

realización de transporte por ferrocarril.

Las obligaciones registrales señaladas en el artículo 53 de la Ley 16/1987, de 30 de

julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres serán también de aplicación a los

títulos y licencias habilitantes para la realización de transporte por ferrocarril, aunque ese

artículo se ubique dentro de su título II.

Disposición adicional sexta. Acción directa contra el cargador principal en los

supuestos de intermediación.

En los supuestos de intermediación en la contratación de transportes terrestres, el

transportista que efectivamente haya realizado el transporte tendrá acción directa por la

parte impagada, contra el cargador principal y todos los que, en su caso, le hayan

precedido en la cadena de subcontratación, en caso de impago del precio del transporte

por quien lo hubiese contratado, salvo en el supuesto previsto en el artículo 227.8 del

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Disposición transitoria primera. Servicios regulares de transporte de viajeros por

carretera de uso general con un bajo índice de utilización y servicios regulares

Las autorizaciones especiales otorgadas al amparo de los suprimidos artículos 87 y

88 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, para la

explotación de servicios públicos regulares de viajeros por carretera de uso general de

bajo índice de utilización y de servicios regulares temporales continuarán vigentes hasta

que expire el plazo por el que fueron otorgadas.

Desde la entrada en vigor de esta ley, la prestación de esa clase de servicios deberá

ser objeto de un contrato de gestión de servicio público ajustado al nuevo régimen de

aplicación a los servicios regulares de viajeros de uso general.

Disposición transitoria segunda. El Registro de Empresas y Actividades de

1. El Ministerio de Fomento deberá hacer efectiva la publicidad plena del Registro,

en los términos señalados en el apartado a) del punto 6 del artículo 53 de la Ley 16/1987,

de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en un plazo no superior a un

año, contado desde la fecha de entrada en vigor de esta ley.

2. Una vez cumplidas las previsiones contenidas en el punto anterior de esta

disposición en materia de publicidad registral, podrá suprimirse, reglamentariamente, la

exigencia de que alguna clase de autorizaciones de transporte, o la totalidad de éstas, se

documente formalmente en tarjetas de transporte, cuando ello no suponga detrimento del

adecuado control del cumplimiento de las reglas de ordenación del mercado.

Disposición transitoria tercera. Equipamiento informático de las empresas y

comunicaciones electrónicas.

Quienes sean titulares de autorizaciones de transporte o de operador de transporte a la

entrada en vigor de esta ley no estarán obligados a acreditar la disposición de la firma

electrónica y el equipamiento informático señalados en el apartado e) del artículo 43.1 de la

Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres hasta que hayan

de realizar el más próximo visado de sus autorizaciones con posterioridad al año 2014.

La comunicación por medios electrónicos entre la Administración y los titulares de

autorizaciones, licencias y contratos, prevista en el artículo 56 de la mencionada ley, no

se aplicará hasta que, de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior, los sujetos

afectados estén obligados a disponer de firma y equipamiento informático.

Disposición transitoria cuarta. Realización de oficio del visado de las autorizaciones

reguladas en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes

La realización del visado de las autorizaciones reguladas en la Ley 16/1987, de 30 de

julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres comenzará a realizarse de oficio por la

Administración desde que todos los sujetos afectados estén obligados a disponer de

dirección y firma electrónica y del equipamiento informático de conformidad con lo

señalado en la disposición transitoria anterior.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Quedan derogados el Título VI (artículos 150 a 165) de la Ley 16/1987, de 30 de

julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres; los artículos 52 y 53, el punto 3 del

artículo 73 y los Títulos VII y VIII del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el

que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres; el

Decreto de 7 de julio de 1936, por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de los

transportes terrestres; la Orden ministerial de 9 marzo de 1942, dictando con carácter

general las normas de aplicación del beneficio de la reducción de precio en favor de las

familias numerosas en los billetes de ferrocarriles; la Orden ministerial de 27 de febrero

de 1946, pases en los servicios públicos de transporte de viajeros; la Orden ministerial

de 3 de agosto de 1950, tarifas de facturación de equipajes y encargos en las estaciones

de autobuses; la Orden ministerial de 14 de abril de 1988, de sustitución de concesiones

de transporte regular de viajeros por carretera; la Orden ministerial de 3 de diciembre

de 1992, por la que se determinan las condiciones esenciales de las autorizaciones de

transporte público de mercancías y de agencias de transportes, a efectos de lo dispuesto

en el artículo 200, en relación con el 198 c) y 201.6 del Reglamento de Ordenación de los

Transportes Terrestres; la Orden ministerial de 20 de junio de 1995, por la que se modifican

los regímenes de suspensión y de rehabilitación de las autorizaciones de transporte por

carretera y de sus actividades auxiliares y complementarias; la Orden ministerial de 23 de

julio de 1997, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de

Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de cooperativas de transportistas y

sociedades de comercialización, y cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango al

de esta ley que se opongan a lo que en ella se dispone.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto anterior, se declara expresamente vigente

la Orden de 2 de agosto de 2001 por la que se desarrolla el artículo 235 del Reglamento

de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de supresión y

protección de pasos a nivel.

Disposición final primera. El Reglamento de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de

Ordenación de los Transportes Terrestres.

1. Se declara vigente el Reglamento de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación

de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de

septiembre, y las disposiciones dictadas para su ejecución, en lo que no se opongan a lo

dispuesto en esta ley ni en las disposiciones aprobadas por la Unión Europea que resulten

de aplicación en la materia.

2. En el plazo de dos años, contados desde la entrada en vigor de esta ley, el

Gobierno adaptará el referido Reglamento a las modificaciones introducidas en el

contenido de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes

Disposición final segunda. Títulos competenciales.

Las disposiciones de esta ley, mediante la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de

julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, se dictan al amparo de los siguientes

títulos competenciales:

1. Las que modifican el artículo 22 y los párrafos segundo y tercero del punto 3 del

artículo 119, así como la disposición transitoria tercera, al amparo del artículo 149.1.6.a de

la Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre la legislación mercantil.

2. La que modifica el artículo 38, al amparo del artículo 149.1.6.a de la Constitución,

que atribuye al Estado la competencia sobre la legislación procesal.

3. Las que modifican el artículo 71, el punto 1 del artículo 72, el punto 1 del artículo 73 y

los artículos 75 y 85, constituyen legislación básica dictada al amparo del artículo 149.1.18.a

de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia para dictar la legislación básica

sobre contratos administrativos.

4. Las que modifican los puntos 10, 11, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 35 y 37

del artículo 140; los puntos 2, 5, 11, 12, 13 y 24 del artículo 141, y los puntos 2, 3, 4, 7 y 17

del artículo 142, al amparo del artículo 149.1.21.a de la Constitución, que atribuye al

Estado la competencia en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor.

5. Las restantes disposiciones, al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.21.a

de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre ferrocarriles y transportes

terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma.

Disposición final tercera. Autorización para elaborar un texto refundido de la Ley de

Ordenación de los Transportes Terrestres.

Se autoriza al Gobierno para que, en el plazo de un año, contado desde la entrada en

vigor de esta ley, refunda en un solo texto la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación

de los Transportes Terrestres y las diversas modificaciones de ésta que se han ido

produciendo desde su entrada en vigor, regularizando, aclarando y armonizando los

preceptos refundidos entre sí.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

1. Esta ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, el artículo segundo entrará

en vigor a los tres meses de su publicación en el «».

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan

Madrid, 4 de julio de 2013.

El Presidente del Gobierno,

MARIANO RAJOY BREY
VER DOCUMENTO PDF